La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, defendió la extensión de las medidas por la “persistencia” de la pandemia “en el entorno europeo” y por la “vulnerabilidad” de las empresas en los “sectores más afectados”, en el marco de la extensión de la vigencia del Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea, aprobado por la Comisión Europea.

Entre las medidas prorrogadas, cuyo plazo terminaba a final de 2021, destacan las Líneas de Avales puestas en marcha por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que, a fecha del 9 de diciembre, han desplegado avales por un importe superior a 103.000 millones de euros, lo que “ha permitido movilizar más de 135.000 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo con más de 1.148.000 operaciones”.

Adicionalmente, se amplía hasta el 30 de junio de 2022 el plazo de reintegro por parte de las comunidades autónomas de los fondos no ejecutados de la Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas. De esta forma, las comunidades dispondrán de un plazo adicional para resolver los recursos de las convocatorias ya cerradas.

El decreto también amplía hasta el 31 de diciembre de 2022 la extensión de la suspensión del régimen de liberalización de las inversiones extranjeras, en determinados sectores, procedentes de países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en sociedades cotizadas en España o en sociedades no cotizadas, si la inversión es superior a 500 millones de euros.

La ampliación de la vigencia de esta medida, conocida como ‘escudo antiopas’, tiene como objetivo proteger la seguridad, salud y orden público, así como garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos.

El decreto también incluye disposiciones que tratan de “garantizar un régimen de precios para la viabilidad económica y financiera de las empresas comercializadoras de gas de último recurso”, así como el “fomento del despliegue de la infraestructura de acceso público de recarga rápida de vehículos eléctricos”, medidas para “atender la protección y recuperación ambiental del Mar Menor o “acompasar las ayudas públicas” a los ritmos de ejecución de los trabajos de cierre y restauración ligados a la actividad minera.

Del mismo modo, se extienden hasta el 30 de junio del próximo año las moratorias concursales. “La finalidad es dar un tiempo adicional a las empresas para reequilibrar sus balances, evitando una innecesaria entrada en concurso de empresas viables”, defendió Calviño, agregando que “nos da seguridad jurídica durante el plazo transitorio hasta que entre en vigor la reforma concursal”. Apuntó que confía en que llegue “pronto” al Parlamento la citada reforma.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

Durante la toma de posición de los grupos parlamentarios, Ciudadanos y PNV anunciaron que votarían a favor del real-decreto ley, aunque afearon que el Gobierno utilice el mecanismo del real-decreto en vez de tramitar algunos aspectos del contenido como proyecto de ley.

Por su parte, Espinosa de los Monteros (Vox), acusó al Gobierno de “fraude legislativo” y de “erosionar la democracia” por el “abuso” de la figura del real decreto-ley e incluir en la misma norma “asuntos que poco o nada tiene que ver entre sí”.

Desde el PP, Miguel Ángel Paniagua acusó a la vicepresidenta de “falta de respeto” al líder del PP, Pablo Casado, añadiendo que “no hay justificación” y que “usted estará asqueada, pero le aseguro que más asqueados están los españoles de su comportamiento mezquino y los resultados nefastos de su gestión económica”, refiriéndose así a la información que publica hoy ‘El Confidencial’, según la cual, Calviño se ha mostrado “asqueada” en privado por las palabras de Casado.