En este sentido, el Cermi expresa ante Justicia su "enorme preocupación", ya que, según indica, "supone una violación inaceptable de los derechos de las personas con discapacidad" y "debe ser suprimida de nuestra legislación con urgencia".

Además, continúa, el propio sistema de Naciones Unidas a través de su Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad instó a España el pasado mes de septiembre de 2011 a erradicar esa posibilidad. dado que "es incompatible de plano con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España, y en vigor en nuestro país".

También solicita que a las personas con discapacidad, a punto de esterilización, se les otorgue "idéntico" tratamiento que a cualquier otra persona, ya que, según señala, "la situación de discapacidad no es en absoluto un hecho relevante que permita hacer distingos en esta materia".

"Para la ciudadanía con discapacidad es ésta quizás la mayor violación de derechos, admitida legalmente, que perdura en toda nuestra legislación", apunta el Cermi. En este sentido, insta a Gallardón a que desarrolle “con celeridad” estos cambios legislativos, que, por imperativo moral y legal, "no pueden moderarse más".