En un comunicado, la organización apunta que se trata de una “expresión eufemística” que esconde una amnistía fiscal encubierta con una blanda tasa del 10% de las cantidades defraudadas y que en el 72% de los casos proviene de grandes fortunas y corporaciones. En opinión de Gestha, esta amnistía fiscal atenta contra el principio constitucional de igualdad tributaria.

"Asimismo, esta teórica regularización fiscal choca frontalmente con los reiterados anuncios del Ejecutivo de potenciar la lucha contra el fraude, con el agravante de que será la cuarta amnistía fiscal de la democracia que a todas luces resultará tan ineficaz para acabar con la economía sumergida como lo fueron las tres anteriores", lamenta Gestha.

Para la organización, esta amnistía supone el reconocimiento implícito del Gobierno a la incapacidad de la Agencia Tributaria para luchar contra la economía sumergida. De hecho, entre 1980 y 2008 la bolsa de fraude se multiplicó por cuatro, hasta alcanzar un volumen de 245.000 millones de euros anuales, lo que representa un impago de impuestos de unos 89.000 millones.