La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que España necesita un sistema judicial “que evite la litigiosidad y que garantice el acceso a la justicia gratuita”.

Por este motivo, la vicepresidenta destacó que el anteproyecto estudiado por el Ejecutivo contempla “ajustar las tasas que pagan por los litigantes a lo que son los costes del servicio, para que con los ingresos se mantenga y se refuerce el derecho a la justicia gratuita”.

Las tasas que se revisan afectan al ámbito civil, al contencioso-administrativo y a la segunda instancia en el ámbito social. Está excluida la jurisdicción penal.

“ABUSO”

Sáenz de Santamaría remarcó que las tasas que se han revisado “ponen el acento en los costes en la segunda instancia, para evitar el exceso abuso de los recursos que a veces se produce en nuestro país”.

En este sentido, el Ministerio de Justicia explicó que lo que se ha hecho es actualizar las tasas judiciales vigentes desde 2002 y reguladas por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Asimismo, se introducen dos mejoras en la gestión de las tasas. En concreto, se contempla que los procuradores y abogados puedan facilitar el pago, y se establecerá la posibilidad de revisar la liquidación de la tasa durante la tramitación del procedimiento judicial.

Justicia destacó que “el objetivo de esta iniciativa es evitar la litigiosidad artificiosa que satura actualmente los juzgados”. De esta forma, las tasas abonadas por los ciudadanos que sí tienen recursos económicos no irán a parar a las arcas del Estado, sino que, tal y como ya avanzó el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, estarán destinadas a sufragar la justicia gratuita.

300 MILLONES

Según una estimación realizada a partir de los últimos datos registrados, con el nuevo sistema de tasas judiciales se recaudarán 300 millones de euros, frente a los 172 millones de 2010.

Además, Justicia sostiene que estas tasas “en ningún caso constituirán una traba al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva para ningún ciudadano, puesto que quedarán exentos de pago aquellos a los que se les reconozca la asistencia gratuita”. En cambio, junto a las personas jurídicas, sí se incluirá a las personas físicas con recursos económicos como sujetos pasivos de estas tasas.

Por último, el departamento de Ruiz-Gallardón indicó que se introduce una nueva tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos químicos comercializados.

De acuerdo con la información facilitada por Justicia, el anteproyecto planteado contempla que la tasa por apelación en el ámbito civil pase de 300 a 800 euros, mientras que por casación pasaría de 600 a 1.200 euros. Las tasas en el ámbito de lo social serían de 500 euros en el recurso de súplica y de 750 en casación.