Según refleja el informe del Defensor del Pueblo del año pasado, hecho público este miércoles, "muchas de las quejas" que llegan a esta institución hacen referencia a los problemas para obtener una atención de calidad cuando los pacientes se desplazan fuera de su comunidad de residencia.

Ante esta situación, el organismo que dirige en María Luisa Cava de Llano, inició una investigación de oficio ante el entonces Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Tras la investigación, la oficina solicitó que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptará los acuerdos necesarios para garantizar en todos los casos el derecho de los ciudadanos a sus prestaciones sanitarias, con independencia del lugar del territorio nacional donde se encuentren.

En cualquier caso, la memoria del Defensor del Pueblo considera que si ese acceso general a las prestaciones sanitarias no se efectúa aún en condiciones de igualdad efectiva, "es como consecuencia, entre otros extremos, del todavía ineficaz desarrollo e implantación de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al Sistema Nacional de Salud".

Por otra parte, el documento indica que el año pasado, la oficina llevó a cabo "numerosas actuaciones", plasmadas en recomendaciones a los Ministerios de Sanidad y de la Presidencia, para asegurar que las prestaciones sanitarias llegan a toda la población residente en España.

PREVENCIÓN NO "SATISFACTORIA"

El texto señala también que en materia de seguridad de los pacientes, las medidas de prevención existentes actualmente "no parecen haber alcanzado un nivel satisfactorio".

Y esto se hace más patente, prosigue el documento, sobre todo si se tiene en cuenta que, en no pocas ocasiones, "las administraciones sanitarias se limitan a formalizar escuetas resoluciones, sin investigar siquiera las circunstancias concurrentes en la atención sanitaria objeto de reclamación".

"Sólo una parte de las reclamaciones de los afectados culmina con acuerdos de indemnización económica por daños y perjuicios o por procedimientos de responsabilidad patrimonial", promovidos, en algunos casos, por la actuación de esta institución ante la autoridad sanitaria competente.

Finalmente, la oficina del Defensor del Pueblo pone de manifiesto, un año más, "que no se ha producido ningún avance" en la creación de una especialidad de medicina de urgencias y emergencias, a pesar de la valoración positiva que merece la reglamentación de la formación específica de los profesionales implicados en esta modalidad de atención.