Según explicó el Gobierno en la referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros, “en el actual contexto internacional derivado de la pandemia de Covid-19, resulta prioritario dar una respuesta a gran escala, coordinada e integral, que permita que todos los países en desarrollo tengan las mejores posibilidades de gestionar esta crisis”.

Así, indicó que se ha desarrollado el marco de colaboración internacional ACT-A, del que España es país fundador, y cuyo objetivo es acelerar el desarrollo y producción de pruebas, tratamientos y vacunas contra la Covid-19, así como el acceso equitativo a los mismos, y que se estructura en tres pilares, siendo uno de ellos Covax, centrado en las vacunas.

Al carecer de personalidad jurídica tanto ACT-A como Covax, ya que son meros marcos de actuación, es necesario hacer efectivas estas contribuciones a través de otras entidades, en concreto a través de Gavi -organización cuya misión es garantizar que los niños tengan el mismo acceso a las vacunas, independientemente del lugar donde vivan- y de CEPI -partenariado público privado cuyo objetivo es facilitar el desarrollo acelerado de vacunas para enfermedades infecciosas emergentes y garantizar un acceso equitativo a las mismas-.

El mecanismo que se va a utilizar para vehicular esta aportación es la Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización (‘International Finance Facility for Inmunisation – IFFIm’), un instrumento mediante el cual el Banco Mundial emite bonos con el respaldo de las aportaciones comprometidas por los donantes.

Las aportaciones aprobadas por el Gobierno se imputarán a la aplicación presupuestaria 'Contribuciones estratégicas a Organismos Multilaterales de Desarrollo', dotada en el presupuesto para el año 2021 con un crédito inicial de 62,23 millones de euros.

Para ello, como el número de anualidades excede el límite de cuatro años fijado en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, el Ministerio de Asuntos Exteriores solicitó autorización para modificar el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, siendo necesaria la autorización del Consejo de Ministros.