En la vista, que se celebra en la Audiencia Nacional, se juzgan las piezas ‘Land’, ‘Iron’ y ‘Pintor’ de la macrocausa ‘Tándem’. Desde el comienzo, Villarejo trató de que el tribunal admitiera que, como abogado que es, asumiera su propia defensa. Hasta el momento, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, había rechazado esta posibilidad, exigiendo que únicamente interviniera su abogado, con el que es codefensor, Antonio José García Cabrera.

Lo que ha ayudado a modificar la posición del tribunal ha sido la postura del fiscal Anticorrupción Miguel Serrano que se ha mostrado favorable a no restringir el derecho a la autodefensa para preservar “la pureza del procedimiento” y a sabiendas de la condición de abogado de Villarejo que figura como codefensor en el juicio.

El comisario trató de argumentar en fase de cuestiones previas en varias ocasiones, pero Murillo se lo impidió exigiendo “una sola voz” en su defensa. Sin embargo, en esta sexta jornada del juicio, Villarejo ha tomado la palabra para interrogar a una de sus clientes: la socia y directora del despecho Herrero&Asociados, Ángeles Moreno.

Moreno es la única acusada en esta pieza que no ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Sobre esta decisión le ha preguntado Villarejo, pero la presidenta del tribunal le ha instado a preguntar únicamente sobre los contratos con ese despacho para espiar a una firma competidora.

No ha cedido la tensión entre el comisario y Murillo que a lo largo del interrogatorio le ha pedido en varias ocasiones que se ciña a “los hechos”, a lo que Villarejo le ha llegado a responder: "Voy a intentar preguntarle algo, si es que me deja esta presidencia".

La sesión de ayer lunes comenzó con la presentación de un incidente de recusación contra el tribunal por parte de Villarejo, que entiende que ha perdido la independencia a la que está obligado. Finalmente, y tras un receso para que las partes pudieran pronunciarse, fue rechazado por “mala fe y abuso del derecho” del proponente.

INOCENTE

La empleada del bufete que no se adhirió al acuerdo con el fiscal acabó explicando ante el tribunal las razones de su decisión. "No he aceptado ese acuerdo con el Ministerio Fiscal porque ofrecía una reducción de condena y yo creo que no debo ser condenada porque no he cometido ningún acto delictivo y no estaba dispuesta a ofrecer mis mentiras a la Fiscalía", dijo ante la sala.

Según explicó más adelante, otros miembros del despacho que ayer asumieron los hechos que les imputa la Fiscalía han modificado su versión inicial en el sentido que el ministerio público quería para rebajar sus penas. “Siempre han mantenido lo contrario”, hasta ayer “tuvieron que decir lo que tuvieron que decir".

Con esta declaración, Villarejo pretendía apuntalar su tesis de que la Fiscalía ha forzado a muchos de los acusados a llegar a acuerdos con la táctica de pedir para ellos penas muy elevadas que en virtud del pacto se rebajarían a menos de dos años, con lo que no ingresarían en prisión.

El interrogatorio de este martes es el de la pieza ‘Iron’ sobre el encargo del despacho de abogados Herrero&Asociados a la empresa de Villarejo para que investigara al despacho Balder Ip Law, que le hacía la competencia después de se fundado por varios antiguos trabajadores.

El meollo del juicio está en demostrar que los contratantes de la empresa Cenyt sabían que Villarejo era policía en activo y asumían que podría utilizar medios ilegales para conseguir los objetivos del contrato.

Según la acusada, Villarejo siempre hablaba de su condición de policía “en pasado” y fanfarroneaba contando batallas policiales. Además, dijo que buena parte de sus informes no fueron más que un “refrito” de datos que el mismo despacho le había facilitado a contratarlo. En este punto, Villarejo reconoció que no aportó datos nuevos, aunque aseguró que la devolvió ordenada.

“Nunca vi que se hiciera ningún trabajo. Se pagó una gran suma de dinero a cambio de nada. Tengo la libertad de manifestar que me pueda sentir estafada”, aseguró. Ayer lunes, dos responsables de este despacho explicaron que Villarejo sí les dio datos sobre el despacho competidor, incluyendo información fiscal y bancaria, y un listado de llamadas que según Francisco Carpintero, presidente de Herrero & Asociados, se podía intuir que se obtendrían por medios ilícitos.

Villarejo, se ha referido a él mismo en tercera persona como “mi defendido” a lo largo de la jornada y ha protagonizado roces con la presidenta del tribunal que le ha llegado a pedir que hable “bajito” durante la vista.

El resto de los acusados que declararon este martes se negaron a responderle. Además, compareció la propietaria de la urbanización de lujo madrileña La Finca (Pozuelo de Alarcón), Susana Cereceda, quien contrató a Villarejo para que le ayudara en el conflicto por la herencia de su padre.

Cereceda pretendía recabar información sobre su hermana, su pareja, Jaime Ostos, y Joaquín Torres, antiguo socio de su padre. Según la empresaria y su socio, Francisco Peñalver, lo aportado por el comisario “no sirvió para nada”.

Tanto Peñalver, como Cereceda y su exjefe de Seguridad, David Fernández, están acusados y han llegado a un pacto con la Fiscalía para reconocer los hechos a cambio de una rebaja en la petición de pena.