Así consta en el anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha publicado este lunes en Internet para abrir un proceso de consulta público que busca recabar ideas y mejoras entre los ciudadanos.

El texto ampara el derecho a acceder a la información pública reconocido en el artículo 105b) de la Constitución Española, pero establece una serie de límites para los ciudadanos, especialmente en aquellos casos en los que la seguridad nacional esté en juego.

Asimismo, afirma que el acceso a la información pública quedará restringido "cuando la divulgación de la información suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria y la protección del medio ambiente".

El borrador de la ley también establece límites en el caso de que considere cuestionada "la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; y la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión".

El acceso a la información también se denegará si aparecen en juego datos personales, "salvo que el titular consienta expresamente y por escrito su divulgación". Cuando haya datos protegidos, las administraciones podrán suministrar una información "parcial previa omisión de la información a la que se le aplique el límite".

Asimismo, cada administración podrá denegar las peticiones de información si no es competente, si las solicitudes son "manifiestamente repetitivas" o si tienen "un carácter abusivo no justificado", o si se formalizan demasiadas.