El 53% de las empresas estatales recibieron informe de auditoría favorable a sus cuentas de 2009
- En otro 42% de los casos los informes resultaron favorables pero con salvedades
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
La Intervención General de la Administración del Estado auditó las cuentas anuales de 219 entidades del sector público estatal en 2009, de las que 117 compañías (el 53,4% del total) recibieron informe favorable.
Además, en 92 empresas (el 42%) los informes resultaron favorables pero con salvedades, es decir, que existen circunstancias que, sin justificar una opinión desfavorable o su denegación, afectan a determinadas partidas concretas. Por otra parte, en cuatro casos hubo informes desfavorables, la opinión se denegó a tres entidades y se denegó o fue desfavorable, parcialmente, para otras tres. Así consta en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado estudiado este viernes por el Consejo de Ministros.
El documento recoge los resultados más significativos de la ejecución del Plan anual de Control Financiero Permanente y del Plan de Auditoría Pública, según lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
Desde el Ejecutivo indicaron que “con carácter general, las cuentas del ejercicio 2009 muestran en las entidades del sector público estatal un cumplimiento razonable de las normas y principios contables que les son de aplicación”.
Pese a ello, “en algunos casos se mencionan circunstancias, tales como errores, incumplimientos normativos o insuficiencias de información, que afectan a la representatividad de las cuentas”, agregaron.
SALVEDADES
En el conjunto de entidades pertenecientes al sector público administrativo, las principales salvedades se producen en los organismos autónomos por deficiencias en el inmovilizado, como consecuencia de no tener inventario o tenerlo con errores significativos.
Mientras, en el sector público empresarial la mayoría de las salvedades se produce en las autoridades portuarias, como consecuencia de la incorrecta contabilización de las obligaciones económicas derivadas de tres sentencias del Tribunal Constitucional respecto de las liquidaciones tarifarias.
(SERVIMEDIA)
23 Mar 2012
BPP/gja