Fernández Díaz se refirió a este asunto en la sede de su Ministerio durante un acto de entrega de diplomas a nuevos funcionarios de Instituciones Penitenciarias.

El titular de Interior se refirió en su intervención a la posibilidad de que determinadas víctimas de delitos recurran decisiones sobre la forma en que cumplen condena los presos. Esta propuesta fue lanzada este jueves en un seminario de víctimas del terrorismo por parte del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste.

A este respecto, Fernández Díaz dijo, durante la entrega de diplomas a los nuevos funcionarios de prisiones, que “parece una aspiración deseable y oportuna” enriquecer el “patrimonio jurídico” de las víctimas reconociendo que puedan recurrir determinadas decisiones sobre los presos.

En concreto, el ministro habló de que “mediante la oportuna reforma legislativa” se podría reconocer la “legitimación activa” de las víctimas “para que, además de ser oídas, puedan recurrir las decisiones más trascendentales de sus victimarios durante el cumplimiento y ejecución de su condena”.

“DELITOS MÁS ATROCES”

A este respecto, Yuste declaró a los periodistas, tras las palabras del ministro, que lo que plantea Interior “es una iniciativa que intenta mejorar el patrimonio jurídico de las víctimas”, aunque “todavía no tiene una concreción suficiente para ser analizada con detalle”.

Señaló que se trata de “construir un derecho” para las víctimas, aunque “la manifestación jurídica concreta está por desarrollar”. En este sentido, la propuesta de Interior podría tener encaje en el Estatuto de la Víctima que está elaborando el Ministerio de Justicia.

Asimismo, Yuste precisó que esta prerrogativa de recurrir sobre los presos no la tendrían sólo las víctimas del terrorismo, sino que afectaría también a “los delitos más atroces”. Aclaró que se trataría de delitos “que ofenden con más intensidad los sentimientos colectivos” y donde la víctima sufre “una agresión más intensa”.

Además, el responsable de prisiones argumentó que dar este derecho de recurso a las víctimas no debe ser interpretado como una posibilidad de venganza. Sostuvo que la víctima no está “inhabilitada para demandar justicia” y tiene “un derecho legítimo a la reparación que no puede teñirse de desconfianza ni, desde luego, envilecerse diciendo que responde a ideas de venganza”.