El Comité aseguró en un comunicado que las recientes reformas de la ley laboral española emprendidas por el Ejecutivo “han contribuido a que esta decisión afecte a una planta española”, cuyo cierre afectará a 166 trabajadores.

De esta forma, el Comité de Empresa Europeo manifestó su oposición al cierre previsto, al considerarlo un “error”, ya que “Unilever tiene una responsabilidad social frente a sus trabajadores”, especialmente “en un país cuya economía está tan debilitada”.

En este sentido, criticaron que la compañía busque “una solución rápida, barata y sobre todo silenciosa”, con el objetivo de “sacar dinero” de Europa y emplearlo así en otras regiones del mundo.

Por ello, el Comité dijo esperar que Unilever asuma su responsabilidad frente a los trabajadores de la fábrica de Aranjuez presentando una solución "sostenible y social”.

La multinacional de productos de consumo justifica el cierre por el estancamiento de las ventas en Europa, la caída del mercado español y la falta de perspectivas de crecimiento.