Para Jáudenes, "se trata de una cuestión de derechos", para lo que, según manifestó, "hacen falta cambios estructurales, así como una mayor coordinación para los apoyos, prestaciones y servicios, una mayor pluralidad, la formación de profesionales, más información y sensibilización o una evaluación continua y rigurosa".

Según Jáudenes, "sólo la mitad de los alumnos con discapacidad pasan de Primaria a Secundaria; aproximadamente, el 2% del alumnado con discapacidad llega a la FP; el 1% al Bachillerato, y el 3% de estudiantes con discapacidad cursan estudios superiores”.

Por su parte, el gerente de Down España, Agustín Matía, quiso resaltar la aportación del valor de la discapacidad en el ámbito de la educación inclusiva y expuso que "habría que centrarse en una mayor participación de niños y niñas con discapacidad en todos los ámbitos".

En este sentido, consideró que "tenemos que dar un enfoque inclusivo a las organizaciones y, en términos de infancia, los niños y niñas con discapacidad tienen que tener una presencia activa y una opinión en juego".

Por otra parte, Belén Sáenz-Rico de Santiago, miembro de la Asociación de Padres de Niños Prematuros, habló de los nacimientos prematuros y del incremento existente, de los cuales un 25 o un 30% generan una discapacidad. "Es una condición neonatal que lleva consigo una mayor cantidad de discapacidad y morbilidad", explicó.

NIÑAS CON DISCAPACIDAD Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN

Por su parte, la presidenta del Comité de Mujeres del Foro Europeo de la Discapacidad y comisionada de Género del Cermi, Ana Peláez, posicionó a las niñas con discapacidad como "objeto preferente" de las políticas públicas de inclusión, en el marco del II Manifiesto Europeo de las Mujeres con Discapacidad.

Principalmente, mostró su preocupación por la falta de garantía de derechos con respecto a los menores con discapacidad y, especialmente, en el caso de las niñas; al mismo tiempo alertó sobre la alta tasa de malos tratos en la infancia, haciendo, en este sentido, un llamamiento al respeto de sus derechos, dentro del principio de igualdad de oportunidades y a la lucha contra su discriminación, debido a su vulnerabilidad.

Entre otras medidas, planteó la incorporación, de manera transversal, del género y la discapacidad en todas las políticas públicas, la atención directa y temprana en las niñas con discapacidad, así como mejoras en el entorno comunitario para alcanzar la inclusión de este grupo.