El informe, publicado un año después de las primeras incursiones aéreas en Libia y titulado "Libya: The forgotten victims of NATO Strikes", sostiene que decenas de civiles libios no implicados en los combates murieron y que muchos más resultaron heridos, la mayoría en sus casas, a consecuencia de estos ataques aéreos de la OTAN.

Sin embargo, denuncia, "la OTAN no ha llevado a cabo las investigaciones necesarias y ni siquiera ha tratado de establecer contacto con los supervivientes y con los familiares de los fallecidos".

Por este motivo, la organización humanitaria exige que se lleven a cabo "investigaciones adecuadas" y que se proporcione "plena reparación" a las víctimas y a sus familias.

"Resulta sumamente decepcionante que, más de cuatro meses después de terminar la campaña militar, las víctimas y los familiares de los fallecidos por ataques aéreos de la OTAN sigan sin saber qué sucedió y quién fue el responsable", manifiesta Donatella Rovera, asesora general de Respuesta a la Crisis de Amnistía Internacional.

Por este motivo, la organización sostiene que las investigaciones deben examinar si las bajas civiles han sido resultado de violaciones del derecho internacional y, de ser así, los responsables han de comparecer ante la justicia.

La OTAN debe garantizar, dice, que se llevan a cabo "investigaciones inmediatas, independientes, exhaustivas e imparciales" sobre toda denuncia de violaciones graves del derecho internacional cometidas por miembros de la "Operación Protector Unificado", y que sus resultados se hacen públicos.

La organización ha documentado 55 casos de civiles identificados, entre ellos 16 menores y 14 mujeres, muertos en ataques aéreos en Trípoli, Zlitan, Majer, Sirte y Brega.