Así consta en la carta fechada a día de hoy y que remite al secretario general del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, en respuesta a la misiva que se le envió el pasado 30 de noviembre comunicándole la apertura de un expediente sancionador después de que ella reconociera públicamente que votó en blanco en la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, lo que sería una “falta grave” según los Estatutos del Grupo Popular.

En su misiva de respuesta, la que fuera portavoz del PP en el Congreso llama a la dirección del Grupo Parlamentario Popular a “rectificar” su decisión, al estimar que “vulnera los procedimientos legales, incumple los Estatutos del Grupo, socava la autonomía del diputado, frustra la regeneración democrática a impugna el ideario del Partido Popular”.

Álvarez de Toledo recuerda que la carta que se le envió informándole del expediente sancionador y dándole un plazo de 10 días para presentar estas alegaciones afirmaba que votar en blanco a la propuesta del nombramiento para los magistrados del TC constituía una conducta tipificada en el artículo 30.2.c) de los vigentes Estatutos, según el cual es una falta grave “no respetar la línea política marcada por la dirección del Grupo en las votaciones en Pleno, Comisión o Ponencia”.

Sin embargo, recalca que el artículo 3 de esos mismos Estatutos establece que “todos los diputados, miembros del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se comprometen a defender los principios y líneas básicas del programa electoral con el que conjuntamente concurrieran a las elecciones”. En este sentido, defienda que eso es precisamente lo que hizo al votar en blanco la propuesta de nombramientos para el TC.

Álvarez de Toledo recuerda que en el programa de las elecciones generales de noviembre de 2019 el PP decía que “fortaleceremos la independencia del Poder Judicial. Promoveremos la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recuperar el sentido originario del artículo 122.3 de la Constitución española”. Por tanto, subraya que “la defensa de la independencia de la Justicia y el fortalecimiento de los órganos constitucionales mediante su despolitización son consustanciales al ideario del PP. Son pilares de nuestro proyecto político y no se pueden disociar”.

“El intento de desvincular el reparto de cargos en los órganos constitucionales de la renovación del Consejo General del Poder Judicial es un ejercicio baldío”, replica Álvarez de Toledo en su misiva, en la que incide en que “colaborar en el desprestigio del Tribunal Constitucional es un error medular” y en la que avisa de que los resultados de la negociación entre el Gobierno y la dirección del PP “orillan la voluntad del constituyente y empeoran los más relajados precedentes”.

Argumenta Álvarez de Toledo que “era esencial rehuir nombramientos con vinculaciones partidistas flagrantes; evitar una operación de reparto de cromos, en la que cada cromo se relaciona con sus correspondientes siglas con la facilidad de un ejercicio escolar”. También trae a la actualidad declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, del 18 de octubre señalando que “sería bueno que, al menos en el caso del Tribunal Constitucional, se propusiesen nombres que no hubiesen ocupado responsabilidades de alto nivel político por una cuestión no de incompatibilidad, sino por mandar un mensaje de independencia y de imparcialidad”.

Igualmente, la parlamentaria del PP se hace eco de lo dicho el 22 de octubre por el secretario general de su partido, Teodoro García Egea, destacando la importancia de “ponernos de acuerdo en profesionales de reconocido prestigio que pudieran reforzar estas instituciones [porque] si nosotros damos una sensación de parcialidad, de politización, lo que estamos haciendo es debilitar institucionalmente España”.

“De este certero razonamiento se desprende, exactamente, el sentido de mi voto. Es un voto contra el debilitamiento institucional de España. Y un voto contra el debilitamiento político del PP. Votar a favor de la propuesta de nombramientos del Tribunal Constitucional habría supuesto una triple autoimpugnación. De las posiciones que los candidatos y diputados del Grupo Popular hemos defendido ante los españoles. De las posiciones que el PP ha mantenido respecto al imprescindible fortalecimiento de las instituciones que representan y protegen el orden constitucional. Y, señaladamente, de las posiciones que el PP sigue defendiendo respecto al Consejo General del Poder Judicial”, traslada Álvarez de Toledo.

Por ello, en estas alegaciones presentadas Álvarez de Toledo defiende que su voto en blanco no fue el que contradijo la línea política del PP, sino que “lo que contradijo la línea política del partido fue el voto a favor”. “Sancionarme sería tanto como sancionar la defensa de los principios y la coherencia ideológica del Partido Popular”, arguye.

“NORMA SECRETA”

“El Derecho y el sentido común dictan que no se puede imponer una sanción en razón de una norma secreta. Y los Estatutos del Grupo Popular están velados por el secretismo. No son de libre acceso”, razona Álvarez de Toledo, que explica que solicitó los Estatutos la mañana del 1 de diciembre tras recibir la carta comunicándole la incoación de un expediente sancionador y que “unas horas más tarde” se le acercó un ujier y le entregó “un sobre cerrado con la copia de un documento” que dedujo que eran los Estatutos “auténticos y vigentes”.

Para Álvarez de Toledo, el procedimiento iniciado contra ella es “nulo” porque “ni si quiera se ajusta al que regulan los Estatutos” que le fueron entregados, “lo que anula de raíz cualquier acción sancionadora”, según su parecer. “Sancionarme sería tanto como vulnerar el principio jurídico y constitucional de la publicidad de las normas, la legalidad del procedimiento sancionador y el compromiso con la transparencia asumido por el PP”, sostiene.

La diputada del PP también se opone a la consideración de “falta grave” por votar en blanco en la renovación de los magistrados del TC y lo rebate diciendo que “si la dirección consideraba que la votación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional era ‘importante’, debió convocar una reunión plenaria para que fuera el Grupo quien fijase posición”, dado que “así lo exigen, expresamente, los referidos Estatutos”.

“Sancionarme sería tanto como asumir que nuestros Estatutos son de aplicación arbitraria”, enjuicia Álvarez de Toledo, para quien la carta que recibió de la dirección del PP en el Congreso “da por hecho que los diputados estamos sujetos a un mandato imperativo y que la dirección del grupo parlamentario es la propietaria exclusiva de nuestro voto en cualquier circunstancia, incluidas las votaciones secretas”.

A este respecto, Álvarez de Toledo recuerda que “la Constitución prohíbe expresamente el mandato imperativo” y “otorga a los parlamentarios la propiedad de su voto”, además de establecer que “el funcionamiento de los partidos ha de ser democrático”. “Cuando sólo queda la disciplina, la deliberación se evapora”, reflexiona, y avisa de que “si la cúpula lo decide todo y lo dicta todo, si las posiciones de la dirección son las únicas no ya pertinentes sino conocidas, el diputado deja de tener cualquier responsabilidad” y se convierte “en perfectamente prescindible”.

Recuerda la exportavoz del PP en la Cámara Baja que su formación se propuso revertir esta “involución” y “reforzar la responsabilidad del diputado y renovar la confianza de los españoles en la política”, para lo cual en 2017 incorporó en sus Estatutos la libertad de voto para asuntos de conciencia. “La dirección del Grupo convendrá conmigo: sancionarme sería tanto como malograr la esperanza de una regeneración democrática y de un Parlamento de calidad”, sostiene.

Por todo ello, a lo largo de siete páginas de alegaciones, Álvarez de Toledo entiende y dice estar “segura” de que la dirección del Grupo Parlamentario Popular “también entenderá que no procede por su parte ninguna actuación” contra ella.