Así lo indicó el vicepresidente del supervisor, Fernando Restoy, en un discurso en el marco de una jornada organizada por el Fondo de Garantía de Inversiones.

El concreto, subrayó que el borrador contiene disposiciones que “podrían suponer una excesiva limitación del ámbito de competencias de los supervisores de mercados y de su capacidad inspectora”.

Restoy criticó la “exagerada amplitud” que tiene la definición de delito propuesta en el ámbito del abuso de mercado, y advirtió de que la propuesta de Bruselas podría limitar de “manera sensible los instrumentos con los que cuentan los supervisores”.

En particular, las autoridades competentes no podrían acceder al contenido de las grabaciones que realizan las empresas proveedoras de servicios de inversión sobre las órdenes cursadas por sus clientes.

Es decir, indicó el número dos de la CNMV, “no podría acceder a los registros, como hasta ahora se hace en España, en el marco de la actuación supervisora regular”.

Según el vicepresidente de la Comisión, esta pérdida de información “no solo lastraría la capacidad supervisora en supuestos de abuso de mercado sino que dañaría sensiblemente la eficacia de la supervisión de las normas de conducta de las empresas que prestan servicios de inversión”.

La CNMV “dejaría de tener acceso a una información muy relevante para sustentar expedientes sancionadores”, agregó.