Estos permisos de investigación de hidrocarburos fueron otorgados por un real decreto del 21 de diciembre de 2001. Los trabajos de investigación fueron paralizados por una sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2004 por un defecto de forma en el real decreto de 2001, ya que no incluía la expresa mención de las labores de protección medioambiental a que quedaba subordinada la realización de las labores de investigación. Según el gobierno, este defecto ha sido subsanado.

Los trabajos realizados con anterioridad a la sentencia mencionada pusieron de manifiesto el elevado potencial geológico de la zona.

El real decreto aprobado hoy permitirá la finalización de los trabajos pendientes para verificar la existencia de hidrocarburos y, en su caso, la viabilidad técnico-económica de su extracción.

El Gobierno destaca que la prospección de hidrocarburos, además de tratar de paliar la dependencia española casi absoluta en la importación de gas y petróleo, tiene un alto potencial de creación de empleo altamente cualificado y complementa la actividad económica de las Islas Canarias.