Así lo explicó este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien apuntó que unos 4.900 ayuntamientos han presentado facturas.

Sáenz de Santamaría dijo que los datos hay que tratarlos con “la debida prudencia”, ya que el plazo acabó este jueves y los proveedores “pueden reclamar que se revise” si echan en falta facturas. En total, se han presentado 1.931.976 facturas al Ministerio, de muy diferente cuantía, señaló.

PYMES Y AUTÓNOMOS

Por otra parte, la vicepresidenta destacó que alrededor de dos terceras partes de las facturas que han presentado los ayuntamientos al Ministerio afectan a deudas con pymes y autónomos.

En concreto, subrayó Sáenz de Santamaría, 52.259 proveedores son trabajadores autónomos y casi 63.500 son pequeñas y medianas empresas.

Desde el Gobierno indicaron que estos datos “permiten afirmar” que el plan de pago a proveedores “va a ayudar” a que pymes y autónomos “tengan liquidez y puedan mantener su nivel de empleo”.

PLANES DE AJUSTE

Además, la vicepresidenta del Gobierno recordó que este mecanismo recoge la necesidad de que las administraciones hagan planes de ajuste y medidas para que no se vuelva a producir el retraso en los pagos.

Por ello, aseguró que es una medida “histórica y única”, pues las administraciones públicas tienen que ser “creíbles” y “tienen que pagar lo que deben”.

“Pero punto y final”, aseguró Sáenz de Santamaría, para señalar que ahora tocan planes de ajuste, cumplir la Ley de Estabilidad y un código de buenas prácticas con responsabilidad, incluso penal, de los gestores.