Como consecuencia, pide que se deroguen los Decretos de Nueva Planta de València, Mallorca y Cataluña por ir contra la legalidad vigente cuando fueron promulgados. Exige reconocer al pueblo catalán como depositario de su soberanía nacional.

A continuación, la proposición insta a restituir la libertad de Cataluña y "todos sus derechos históricos", así como a crear una comisión bilateral Estado-Generalitat de Cataluña que inicie los trámites legales para la restitución y compensación de las consecuencias políticas, territoriales, jurídicas y económicas derivadas de la imposición del Decreto de Nueva Planta.

En su exposición de motivos, Esquerra explica que el "Principat de Catalunya disponía de plena subjetividad jurídica internacional y ejercía plenamente su soberanía hasta septiembre del año 1714", y hasta la posterior publicación del Decreto de Nueva Planta el 9 de octubre de 1715. Esa misma condición, agrega, la disfrutaban los reinos de València y Mallorca hasta la publicación de los correspondientes Decretos de Nueva Planta.

Entiende ERC que la soberanía de Cataluña y las instituciones que la representaban "fueron ilegalmente suprimidas" bajo el reinado del rey Felipe V, "incumpliendo el ordenamiento constitucional vigente".

Ya en el siglo XXI, continúa la formación independentista, España forma parte de las más altas instancias (ONU, UE, OTAN) y "ha suscrito decenas de tratados y convenciones internacionales ratificados por esta Cámara y apoyado diferentes resoluciones de las Naciones Unidas en defensa de los más elementales derechos humanos y de los pueblos, entre ellos el derecho a la autodeterminación".

ERC entiende que la actuación internacional de España "pretende representar a un país moderno y justo". Sin embargo, en los últimos tres siglos, dice la iniciativa, "el pueblo catalán ha manifestado en infinidad de ocasiones, siempre pacífica y legalmente, su voluntad de ejercer con libertad su futuro como pueblo, en paz, democracia y solidaridad".

El Decreto de Nueva Planta, recuerda Esquerra, "fue impuesto por derecho de conquista, incumpliendo el ordenamiento legal y el derecho internacional vigente en el siglo XVII-XVIII".

En consecuencia, dice, "el Parlamento español debe restituir los derechos y libertades catalanas y reconocer al pueblo de Catalunya la soberanía nacional".