Fernández Díaz se refirió a este asunto en la Comisión de Interior del Congreso, donde compareció para explicar lo sucedido entre el 13 y el 25 de febrero en Valencia a partir de unas protestas estudiantiles.

El responsable de Interior aseguró que, a partir del informe que se le había facilitado, no cabía abrir expediente a ningún agente, ya que actuaron correctamente frente a los insultos y frente a lo ocurrido el 20 de febrero, cuando la actuación violenta de un “grupo de encapuchados” motivó la única carga policial.

Añadió que, durante estos días, los agentes fueron objeto de “agresiones verbales, amenazas, injurias y calumnias”, que fueron respondidas por estos funcionarios con “especial esfuerzo de contención”.

El ministro aseguró que es una realidad que en Valencia hay “grupos antisistema, radicales y violentos” que se introducen en protestas legítimas para “manipularlas” e “instrumentalizarlas”. Además, pidió a las formaciones políticas que actúen con “responsabilidad” para no agravar las protestas que puedan darse debido a la crisis económica.

Asimismo, el ministro del Interior facilitó a los diputados un vídeo que dijo que contiene imágenes que respaldan la actuación correcta de los agentes y evidencian la agresividad de algunos manifestantes. El presidente de la Comisión de Interior, Juan Carlos Aparicio, decidió no proyectar en ese momento el vídeo, algo que fue criticado por algunos diputados de la oposición. El contenido de la cinta será colgado en la web del Ministerio de Interior.

28 IMPUTADOS

El responsable de Interior expuso estas conclusiones tras detallar lo ocurrido entre el lunes 13 de febrero y el sábado 25 de febrero, cuando, a raíz de protestas de estudiantes del Lluís Vives, fueron detenidas en Valencia 43 personas, de las que tres tienen antecedentes penales.

De estos arrestados, 28 han sido imputados por delitos como desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, resistencia y desobediencia grave. De los detenidos, ocho son menores de edad y sólo uno pertenece al Lluís Vives. Los disturbios en Valencia en la segunda quincena de febrero causaron 60 heridos, de los cuales 21 eran policías y seis menores de edad.

El ministro explicó que durante estas jornadas de protestas sólo se produjo una carga policial, el lunes 20 de febrero, cuando entre 300 y 500 personas arremetieron contra los policías, al tiempo que "un grupo de encapuchados provistos de palos, piedras y botellas de cristal” lanzaron objetos a los agentes.

Frente a esta posición del ministro, el diputado del PSOE José Luis Ábalos pidió la dimisión de la delegada del Gobierno en Valencia, Paula Sánchez de León, petición a la que se sumaron IU, ERC y Grupo Mixto. Estos tres últimos grupos, además de UPyD, pidieron también el cese de Antonio Moreno, jefe superior de la Policía de Valencia, que se refirió a los manifestantes como “el enemigo”.

En este sentido, el socialista José Luis Ábalos sostuvo que lo que tuvo lugar en Valencia fue una “acción represiva” inspirada por decisiones políticas. A su vez, Joan Tardà, de ERC, denunció la “connivencia” de “algunos” policías en Valencia con la extrema derecha.

Por su parte, Tony Cantó, de UPD, tras pedir la dimisión del jefe de Policía de Valencia, defendió las “demandas legítimas” de los estudiantes, pero sostuvo que también hay “alborotadores” que intentan reventar las manifestaciones. A su vez, Jordi Jané, de CiU, dijo que en los disturbios de Valencia se cometieron “algunas torpezas” y pidió que se asuman “responsabilidades” si se cometieron excesos policiales.