Éste es el primer paso para que se ponga en marcha el mecanismo financiero que el Gobierno ha creado para que las entidades hagan frente a las deudas con los proveedores.

Una vez conocida toda la información sobre el montante de las facturas pendientes de pago, la corporación local deberán elaborar un plan de ajuste que tendrá que aprobarse antes del 31 de marzo y ser aplicado en el periodo de amortización de 10 años previsto para la operación.

Este plan tendrá que ser remitido también al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que realizará una valoración en un plazo de treinta días naturales.

Está previsto que las entidades puedan empezar a pagar sus deudas pendientes, con ayuda de esta herramienta de liquidez, a partir del próximo 1 de mayo.