El objetivo es garantizar los derechos de los usuarios con discapacidad, que se enfrentan en su vida diaria a múltiples exclusiones y discriminaciones en la esfera del consumo. Según el Cermi, esta normativa de accesibilidad a bienes y servicios, pese al mandato legal, no ha sido adoptada por el Gobierno, por lo que en España no existen unas “condiciones mínimas” de garantía de los derechos de los consumidores con discapacidad

Además, continúa, las personas con discapacidad, un 9% de la población, pueden considerarse como "consumidores vulnerables", por lo que "necesitan tener asegurado el derecho de acceso a todos los entornos, productos, bienes y servicios que ofrece el mercado, sin restricciones por motivo de ausencia de accesibilidad".