UGT considera que estas disposiciones vulneran el “contenido esencial” de los derechos fundamentales y libertades públicas, en concreto el derecho a la autonomía universitaria, el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. También, añadió UGT, infringe la Ley Orgánica de Universidades, el Estatuto Básico del Empleado Público, los pactos y acuerdos en la Universidad y sus estatutos.