Fuentes del entorno de Rajoy aseguraron que el cambio del objetivo de déficit, que el Ejecutivo fijó hace diez días en el 5,8% y ahora se ha rebajado al 5,3%, no guarda ninguna relación con la visita de los inspectores de la Comisión Europea, que la semana pasada acudieron a Madrid para revisar las cuentas públicas del año 2011.

El Gobierno niega también que el objetivo del 5,3% sea el resultado de una negociación con la Unión Europea, aunque sí reconoce que durante todas estas semanas ha habido diálogo entre las dos partes para delimitar las cuentas de España para 2012.

Así es como, recalcan las fuentes consultadas, el Gobierno de Rajoy ha conseguido un margen del 0,9% sobre el objetivo de déficit inicial del 4,4%. Al final, la Unión Europea permite que España eleve esa cifra hasta el 5,3% siempre que en 2013 mantenga el objetivo irrenunciable de disminuir el déficit aún más hasta el 3%.

El Ejecutivo español recalca que ese objetivo de déficit público del 3% en 2013 se mantiene vigente y no va a cambiar, aunque eso mismo sostenía hace apenas un mes sobre el objetivo del 4,4% para el año 2012.

El margen de nueve décimas respecto al objetivo inicial del 4,4% es el que utilizan en La Moncloa para sacar pecho, al considerar que supone una muestra de confianza de Bruselas hacia el Gobierno de Rajoy.

El Gobierno afirma que esa flexibilidad se debe directamente a las medidas que ya se han aprobado en apenas dos meses de mandato, como la reforma laboral, la financiera y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, entre otras. De no ser por ellas, recalcan las fuentes consultadas, Europa no habría permitido a España aumentar el déficit hasta el 5,3%, aunque hace una semana el propio Rajoy hablase del 5,8%.

El recorte de cinco décimas menos en el déficit del Estado para 2012, del 5,8% al 5,3% supone unos 5.000 millones de euros añadidos al ajuste ya previsto. El Gobierno de Rajoy asegura que ese recorte recaerá íntegramente sobre el Estado, por lo que no supondrá más esfuerzos para las comunidades y los entes locales.

El Ejecutivo recalca que esto conlleva que no habrá recortes en temas sociales como la sanidad y la educación, ya que ambas materias son competencia de las comunidades autónomas. Dado que los 5.000 millones de euros de tijeretazo añadido que ahora exige Bruselas se hará en el Gobierno central, no afectará a materias sociales sensibles para los ciudadanos.

Los recortes no se conocerán, indica el Gobierno, hasta la presentación de los Presupuestos Generales del Estado el 30 de marzo, fecha en la que está previsto que el Consejo de Ministros dé luz verde a las cuentas públicas para el presente ejercicio.