En el arranque del debate de totalidad de la Lofca, la normativa de financiación de las CCAA, Salgado afirmó que las reformas que hoy se someten a debate en el Congreso “vienen a resolver problemas que se pusieron de relieve en el actual sistema”.

Principalmente, apuntó, aquellos derivados de los crecimientos demográficos asimétricos en los años de vigencia del actual modelo. Con las reformas, afirmó Salgado, se refuerzan las prestaciones del Estado de bienestar.

Para la ministra, uno de los ejes básicos de esta reforma es el refuerzo de las políticas sociales dirigidas a todos los ciudadanos. Precisamente, la aprobación prevista de las leyes supone la ampliación de los recursos destinados a fines sociales en 11.700 millones de euros, “una ampliación de los recursos que ha sido una pretensión constante de muchos” de los grupos políticos con representación en la Cámara Baja.

Del total de ese dinero, se destinarán 1.812 millones de euros a la población dependiente, según Salgado, quien recordó que la distribución del montante total se ha llevado a cabo teniendo en cuenta criterios de aumento de población.

La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó a Salgado de hacer una reforma financiera que “les conviene a ustedes por que la emplean como un instrumento al servicio de una política partidista”. “Es evidente”, dijo, “que no promueve la igualdad ni la eficiencia económica”.

Para la diputada popular, el Gobierno ha aceptado “un juego muy peligroso en el que los derechos corresponden a las CCAA”, frente a los derechos de los ciudadanos. “Nunca hemos tenido que repetir tanto que España es una nación de ciudadanos libres e iguales, y voten lo que voten y piensen lo que piensen, tienen los mismos derechos y merecen el mismo trato”. Por ello, para Sáenz de Santamaría, se trata de una reforma “injusta e insolidaria que impone por ley la desigualdad”.