Según informaron las citadas organizaciones, en la misiva critican la aprobación del Real Decreto Ley 1/2012, que suspende los procedimientos de preasignación y establece la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de energías renovables.

Las organizaciones firmantes exigen al Gobierno que abra con urgencia un verdadero debate social y político para establecer un nuevo sistema de remuneración y de fiscalidad para todas las tecnologías de generación de electricidad.