En el escrito, el Pleno del Tribunal Constitucional acuerda “admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados”.

Asimismo, acuerda “dar traslado de la demanda y documentos presentados” al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, así como al Ejecutivo y al Parlamento catalanes, para que, en el plazo de 15 días, “puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes”.

Para el PP, la ley catalana de educación es inconstitucional porque no garantiza libertad de elección de enseñanza en castellano. Además, cuestiona los artículos que dan a la Generalitat competencias para fijar los horarios y programas escolares y para crear cuerpos de docentes propios.

El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Popular no paraliza la aplicación de la ley