Esta propuesta es una de las enmiendas planteadas por los partidos a la actual normativa sobre seguridad ciudadana, que se está debatiendo en la Cámara Baja a partir de una proposición del ley del PNV. Los cambios propuestos por PSOE y Unidas Podemos dieron lugar a que miles de agentes se manifestaran el 27 de noviembre en Madrid, ya que temen que se apruebe una ley que les deje desprotegidos tanto a ellos como a los ciudadanos.

Los partidos han podido presentar enmiendas hasta el pasado 10 de noviembre. A partir de ahora, la Comisión de Interior deberá elaborar una ponencia, que será la base sobre la que se elaborará el texto legislativo que, en su caso, sea sometido para su aprobación por parte del Pleno del Congreso.

A este respecto, EH Bildu propone cambios como que los policías no puedan comprobar si alguien lleva armas por la calle; que no puedan hacer cacheos para prevenir delitos; y tampoco grabar en la calle lugares o personas que pudieran ser útiles para su trabajo.

"MEJORA TÉCNICA”

En concreto, la formación abertzale propone suprimir, como “mejora técnica”, el artículo 18 de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, referido a las 'comprobaciones y registros en lugares públicos'.

Este artículo 18 dice textualmente lo siguiente: “Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes y vehículos que sean necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas, explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos, instrumentos o medios que generen un riesgo potencialmente grave para las personas, susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito o alterar la seguridad ciudadana, cuando tengan indicios de su eventual presencia en dichos lugares, procediendo, en su caso, a su intervención”.

EH también plantea suprimir, igualmente por “mejora técnica”, el artículo 20 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que regula el 'registro corporal externo y superficial' para prevenir delitos. Asimismo, la formación independentista aboga por eliminar el artículo 22, sobre el 'uso de de videocámaras', que permite a los policías “la grabación de personas, lugares u objetos mediante cámaras de videovigilancia fijas o móviles legalmente autorizadas, de acuerdo con la legislación vigente en la materia”.