En su intervención en el evento informativo, que organiza Nueva Economía Fórum, Garzón partió del axioma de que “lo ilegal es contrario a la democracia”, por lo que organizaciones como las FARC “no tienen razón de ser” y se las debe combatir con todos los medios militares, judiciales y políticos. “No estamos peleando contra hermanitas de la caridad”, puntualizó. “Tienen recursos económicos y capacidad de hacer daño”.

Por eso, y aunque situando la lucha dentro del “más absoluto respeto a los derechos humanos”, porque no se puede incurrir en los métodos de los propios terroristas, el vicepresidente colombiano defendió las “decisiones muy duras, muy dolorosas, pero institucionalmente necesarias” que han tomado los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. “Es como luchar contra la corriente: si nos paramos, retrocedemos”, comparó.

En particular, Garzón explicó la ley de reparación de víctimas de la violencia por medio de la restitución de tierras, que entró en vigor el 1 de enero y prevé resarcir a cuatro millones de víctimas reconocidas con una inversión de 25.000 millones de dólares en 10 años. El mecanismo sería arrebatar a los ilegales la tierra que éstos arrebataron a campesinos y desplazados. “Con toda la tranquilidad y serenidad decimos: se la vamos a quitar”, avisó.

UN MILLÓN DE HECTÁREAS

Según el número dos de Santos, el Estado ya ha recuperado a la guerrilla más de 400.000 hectáreas, pero todavía no ha terminado el proceso jurídico, y todavía hay otras 1.200.000 en manos de testaferros y servidores públicos que colaboraron con los guerrilleros.

Recuperando palabras del presidente, Garzón dijo que sólo con que en esta legislatura se avanzara en esta ley habría merecido la pena acceder al Gobierno.

Para este proceso, el dirigente colombiano solicitó la ayuda de la comunidad internacional, pero no económica sino de asesoría, porque ésta tiene más experiencia en compensación a víctimas del terrorismo.

Garzón insistió en que los terroristas no tienen ninguna posibilidad, pero aseguró que al Gobierno no le obsesiona el triunfo militar, sino que preferiría que las FARC abandonaran su actividad. En ese caso, en que la guerrillera admitiera que el Estado es quien tienen el monopolio de las armas, el Ejecutivo se mostraría dispuesto a abrir “caminos de paz, perdón y reconciliación”.

A lo que no está dispuesto el Gobierno es “a entrar en el juego perverso de una organización ilegal que puede estar pensando en ganar tiempo”; esto, explicó, “sería un error” que ya ha costado muy caro a sus predecesores. “No hay punto medio entre ilegalidad y democracia, no es que unos sean buenos y otros medio buenos”, denegó.

“No vamos a renegociar los principios de la democracia con ninguna organización ilegal, ni la propiedad privada, ni la división de poderes. Las organizaciones ilegales se someten. Luego ya encontraremos caminos de perdón y reconciliación”, sentenció.