Estos países piden que la UE adopte mecanismos que permitan a los Estados miembros asegurar que el precio final de la electricidad para los consumidores refleje realmente los costes de generación, pero sin afectar al mecanismo de formación de precios de los mercados mayoristas.

Estos cinco países defienden también que los consumidores tengan a su disposición ofertas de suministro que les protejan de la volatilidad de los precios a corto plazo, así como una mayor protección y conocimiento de las tarifas dinámicas –no fijas–, más expuestas a la volatilidad de los precios mayoristas.

Además, plantean fomentar regulatoriamente la firma de contratos de suministro de electricidad a largo plazo, en un horizonte de cinco a diez años, al objeto de facilitar la inversión y la financiación de activos sin emisiones, como las renovables, la eficiencia energética o la electrificación de la economía.

Con relación a los mercados gasistas, España y sus aliados en este tema ven necesario dotarse de herramientas que permitan afrontar los fallos detectados en el mercado. Por ejemplo, sostienen que la normativa debería garantizar una elevada utilización de las infraestructuras de almacenamiento de gas, y la Comisión debería explorar un sistema voluntario de compra centralizada de gas mediante subastas competitivas.

"Reclamamos que se analice a fondo el mercado y tomar decisiones de cambio. No debemos quedarnos en el inmovilismo. La gran pregunta es si la regulación actual está preparada para abordar los desafíos actuales. Pedimos que se adapte y evolucione para proteger a los consumidores a la vez que se reflejen las ventajas de la transición energética”, señaló la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

“Cinco países que representamos a más del 45% de la población europea hemos pedido revisar la regulación europea para proteger más a los consumidores y no sólo dar señales económicas a los inversores; fortalecer a la UE frente a los mercados internacionales de gas y facilitar contratos de suministro a medio y largo plazo con la garantía de un marco único en la UE”, añadió.

Según el Ministerio español, las demandas que han planteado los cinco países han sido “bien acogidas” por parte de la Comisión y otros Estados miembros: “Hemos obtenido una respuesta de mucha más comprensión con relación a nuestras propuestas".

Ribera insistió en que el conjunto de medidas propuesto por la Comisión en su ‘Toolbox’ no resulta suficiente para afrontar la situación. España considera necesario actuar en el corto plazo para hacer llegar al consumidor los beneficios de la mayor presencia de las energías renovables en el mix eléctrico de generación, y además actuar en el medio y largo plazo sobre el diseño del mercado eléctrico para que sea sólido, resistente y adaptado a las particularidades de cada Estado miembro.