Así consta en una resolución de la Dirección General de la Agencia Tributaria publicada este jueves en el BOE, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2012.

El Gobierno asegura que se hará “especial hincapié en la persecución de las conductas fraudulentas que generan alarma social”.

Entre ellas, además de la citada anteriormente, se apunta el empleo de facturas falsas con el fin de minorar el pago de impuestos y se afirma que se realizará un “estrecho seguimiento” las operaciones con pago de efectivo de elevado importe.

En la resolución se explica que se llevarán a cabo actuaciones dirigidas a la desarticulación de los circuitos de la economía sumergida, que tendrán como objeto central el control integral de la importación y venta de mercancías procedentes de terceros países, fundamentalmente de Asia.

Además, será “objetivo esencial” de las actuaciones de investigación el descubrimiento de los arrendamientos no declarados de viviendas y locales de negocio.

ECONOMÍA SUMERGIDA

El texto recuerda que la economía sumergida comprende todas aquellas actividades productivas legales que son deliberadamente ocultadas a las autoridades públicas, con la finalidad de eludir tanto el pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social como el cumplimiento de la normativa laboral.

En 2012 Hacienda asegura que “proseguirá la estrecha” colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, y se desarrollarán con carácter prioritario actuaciones en determinados polígonos industriales o zonas geográficas para sacar a la luz actividades económicas no censadas o con empleo de medios humanos o materiales no declarados.

Además, se analizarán los datos de consumo de energía a fin de localizar inmuebles donde se puedan estar desarrollando actividades productivas no declaradas.

Por otra parte, subrayaron que se pondrá el “máximo empeño” en hacer aflorar las rentas que han sido ocultadas a la Hacienda Pública española por medio de la utilización de paraísos fiscales o residencias artificiales en el extranjero.

En el control de las grandes empresas y de los grupos económicos, se prestará especial atención a la deducción de gastos financieros generados artificiosamente con el único propósito de no pagar impuestos en España y a las operaciones de ingeniería fiscal.