La legislación española permite amortizar durante cierto tiempo el sobreprecio pagado por la adquisición de un negocio respecto al valor de mercado por los activos que lo componen.

En una nota, la Comisión señala que el régimen "falseaba la competencia en el mercado único, ya que otorgaba una ventaja injustificada a las empresas españolas", especialmente en el contexto de las ofertas públicas de adquisición competitivas.