Un día antes de la reunión de la ponencia de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso sobre la proposición de ley de modificación del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad para establecer y regular la accesibilidad cognitiva, el presidente de Plena Inclusión, Santiago López, recordó los cientos de miles de personas que se beneficiarán de ello.

"La accesibilidad cognitiva no sólo beneficia a casi 300.000 personas con discapacidad intelectual en España", apuntó, "sino que también ayuda a entender mejor a otras 500.000 personas con problemas de salud mental y a buena parte de los casi nueve millones de personas mayores".

La Organización Mundial de la Salud cuantifica en una de cada tres personas en el mundo a quienes podrían beneficiarse de esta accesibilidad, recalcó. Además, prosiguió, el artículo 9 de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad insta a los países firmantes a "avanzar en la accesibilidad como un derecho que hace posible que las personas con discapacidad y otros colectivos puedan participar y disfrutar del entorno social, cultural, laboral y económico de su comunidad". "De ahí que se suela decir que es un derecho llave", indicó la Confederación.

Por ello, reivindicó la accesibilidad cognitiva "como un derecho universal que permite el acceso y disfrute de muchos otros, como el de la educación, la salud, el empleo, la cultura o el ocio, que a su vez son básicos para el desarrollo vital de cualquier persona en nuestra sociedad". "Esto sólo puede hacerse reconociendo específicamente la accesibilidad cognitiva por ley, lo que permitiría que se conozca, que se explique cómo cumplirla, que se pueda evaluar su grado de desarrollo, que se pueda exigir su cumplimiento en determinadas condiciones y que se aseguren los recursos necesarios", concluyó.