Según el Cermi, los activistas reivindicaban “sus derechos humanos mediante vías pacíficas”, con lo que el trato que les han dispensado las autoridades resulta “absolutamente inadmisible”.

En una carta dirigida a la embajada de Bolivia en España, el CERMI emplazó así al Gobierno de Evo Morales al cese inmediato de la fuerza contra las movilizaciones de discapacitados; a investigar “los penosos episodios sucedidos estos días”, y a castigar “los abusos policiales cometidos”.

El Cermi expresó finalmente “su solidaridad” con el movimiento social de la discapacidad de Bolivia, y pidió a las autoridades que dialoguen con sus representantes y promuevan mejoras reales de sus condiciones de vida.