Así lo explicó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de santamaría, tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que, según detalló, el Gobierno aprobó la base legal de ese futuro mecanismo. En concreto, los ayuntamientos deben informar sobre las facturas pendientes al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del 15 de marzo y de los planes de ajuste antes del 31 de ese mismo mes.