Lo dijo durante la inauguración en la madrileña sede de la Real Academia Española (RAE) de la IX Cumbre de Mujeres Juristas, un evento organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), en el que estuvieron presentes el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, el decano del ICAM, José María Alonso, y la presidenta de la Comisión Delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión del ICAM, Ángela Cerrillos.

En el inicio de su intervención, la titular de Defensa invocó la celebración hoy del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para “prestar un recuerdo muy especial a todas las mujeres víctimas” de esta lacra, a las abogadas que han asistido a aquellas que “compartían espacio físico con su agresor” en el confinamiento domiciliario decretado en los albores de la pandemia y a los letrados que han perdido la vida como consecuencia de la Covid-19.

Tras este exordio, Robles destacó que España, como el resto del mundo, ha vivido “una situación tremenda”: la pandemia, “que ha traído mucho dolor y mucho sufrimiento, pero también ha traído cosas positivas”, especialmente “la constatación de que tenemos un gran país”, adornado por los valores de la solidaridad y la generosidad.

A pesar de ello, reconoció que esta crisis de sanitaria también ha puesto de manifiesto “cosas que no son tan positivas”, lo que le dio pie a reflexionar sobre el uso que durante este tiempo se ha hecho del derecho, una disciplina que, a su juicio, ha de servir para “mejorar la sociedad y resolver problemas”.

Por ello, creyó conveniente “hacer autocrítica” de aquellos juristas y políticos - “una minoría”, concretó- que han utilizado el derecho como “arena arrojadiza” en un momento en que los sanitarios, los transportistas, los empleados de los comercios, las Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y otros colectivos “daban su vida”.

Dejó claro su respeto a “la crítica y al control de las acciones políticas”, si bien aseveró su incomprensión ante el hecho de que tras la declaración del estado de alarma “se acuda a los tribunales”. “No creo en la judicialización de la política”, sentenció.

Reiteró que “respeto todo, incluso los pronunciamientos del Tribunal Constitucional”, a pesar de lo cual lanzó las siguientes preguntas: “¿El derecho está para hacer confrontación durante la pandemia? ¿Para discernir si había que declarar el estado de alarma o el estado de excepción? ¿Para determinar si el instrumento a aplicar era esta o aquella norma? Dejo la reflexión. Pero este no es el derecho que yo quiero”.

Reafirmó que “no entiendo el derecho como elemento de confrontación”, como una herramienta que permite “ganar unos a otros”, menos aún en momento en que “deberíamos haber ido todos a una”. Por esa razón, dejó caer que “no sé si los juristas han estado a la altura de las circunstancias”.

A su vez, dijo no tener respuesta a si “los magistrados estamos dando la mejor lección cuando hay tanta disparidad de criterios” para afrontar la pandemia. “¿Cómo la gente lo va a entender?”, interpeló.

En ese sentido, afirmó que “cuando está en juego la vida de las personas, la doctrina está muy bien, pero lo primero son las personas y dar respuesta a sus problemas”, por lo que insistió en su compromiso con el “derecho constructivo” y su condena a que “se utilice como elemento de confrontación”.

Robles concluyó su alocución manifestando que, “si los ciudadanos no entienden lo que estamos haciendo, es que algo no estamos haciendo bien”.

Por su parte, José María Alonso comentó que el de hoy es un “día importante”, el cual obliga a tener presente que el confinamiento se convirtió en “un arma contra la mujer” y a denunciar que “el egoísmo de los hombres ha hecho que durante la pandemia las obligaciones familiares hayan recaído únicamente sobre las mujeres”.

Por último, Ángela Cerrillos reivindicó que “sin nosotras, no hubiera sido posible reconocer la igualdad como derecho formal”. Sin embargo, “ello no quiere decir que la igualdad real se haya asentado”, como lo pone de manifiesto la escasa presencia de mujeres en puestos directivos, la desigualdad salarial y las dificultades para conciliar la vida familiar y personal.