Bosch indicó que el Consell de Govern ha resuelto autorizar a la Abogacía de la Comunidad Autónoma para emprender estas acciones contra Lorenzo Bravo por “insultar al presidente”.

En una intervención en el Pleno del Parlament de les Illes Balears, Bauzà, atribuyó en parte la responsabilidad de la deuda de la Comunidad Autónoma a la política de “meter la mano” de los agentes sociales.

Bravo, en declaraciones posteriores a los medios, afirmó, con motivo de las palabras del presidente balear, que “es muy fascista este señor”, cuya rectificación reclamó, sin éxito, el PP insular.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno balear, Bosch defendió la “libertad de expresión” y la “máxima colaboración con todas las instituciones”, por ello aclaró que las acciones jurídicas no son “contra la Secretaría General de UGT. Lo único que se califica son los insultos inaceptables al presidente”.

Porque, para Bosch, “más allá de la licencia, del momento apasionado… llamar fascista… una cosa es esto y otra insultar”.