Así lo anunció este miércoles el ministro del ramo, Alberto Garzón, durante su intervención en el debate de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Pleno del Congreso de los Diputados, en la que defendió que las cuentas de 2022 permitirán avanzar en su “compromiso” de “proteger especialmente a la infancia y la juventud por ser una población especialmente vulnerable”.

En el capítulo de medidas para la protección de las personas con posibles trastornos relacionados con la actividad del juego, Garzón destacó la puesta en marcha de una nueva línea de subvenciones para actividades de investigación y prevención de este tipo de patologías, así como nuevas campañas de sensibilización sobre los posibles “riesgos” de esta actividad, dirigidas a jóvenes.

Según la tercera edición del ‘Informe sobre Adicciones comportamentales: juego con dinero, uso de videojuegos y uso compulsivo de internet en las encuestas de drogas y otras adicciones en España Edades y Estudes’, publicado en abril de acuerdo a la actualización correspondiente a los resultados publicados de la encuesta Edades 2019/2020, el uso de juego con dinero tiene una “alta prevalencia” en la población española y hasta un 1,6% de ciudadanos de 15 a 64 años realizaría un posible juego problemático, mientras un 0,6% presentaría un posible trastorno del juego, frente al 2,6% en 2017/2018.

El ministro, recordó, asimismo, que, desde el pasado 1 de septiembre, ya “no hay ningún tipo de soporte publicitario del juego” y que, de este modo, “se ha cerrado el vehículo y vector de entrada del jugador”.

AUMENTO PRESUPUESTARIO

Garzón defendió que el aumento presupuestario del 20,65% aprobado para su departamento para el ejercicio 2022 permitirá dar “un mayor impulso al consumo saludable y sostenible en España”, lo que, a su juicio, repercutirá tanto en la salud de la población como en la del planeta.

Durante su comparecencia, el ministro recalcó que todas las líneas de trabajo recogidas en el proyecto presupuestario del próximo año son “transversales” y “valientes” y servirán para “dar respuesta a los problemas de nuestra sociedad”, tanto en materia de protección de derechos de los consumidores, hábitos saludables o protección en entornos de juego, para lo que su gabinete cuenta con un presupuesto total de 57,18 millones de euros, 9,78 millones euros más que en 2021, que se eleva a 65,76 millones de euros si se le añaden los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia (FRTR).

Las áreas que se verán más beneficiadas por este incremento presupuestario son las relativas a ordenación del juego, que experimentan un aumento del 66,09%, seguidas de las concernientes a nutrición y seguridad alimentaria (+14,86%) y de las relacionadas con la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias (+9,21%).

En todas ellas, se pondrá “especial atención” a la protección de niños y adolescentes por tratarse de personas consumidoras “especialmente vulnerables”, de modo que Consumo seguirá desarrollando campañas de divulgación y promoción de hábitos alimenticios saludables con el foco puesto en la población en edad escolar, teniendo en cuenta que, según el estudio ‘Aladino’ elaborado por la Aesan, España tiene unos niveles de obesidad y sobrepeso infantil superiores al 40% en menores de seis a nueve años.

Según su criterio, la “buena noticia” es que una mejor alimentación no sólo tiene una “incidencia positiva en la salud física y mental” sino que, además, es “compatible con la sostenibilidad”.

Otro de los proyectos “estratégicos” de Consumo para 2022 es la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pendiente desde 2008, un plan a cinco años vista que garantizará el acceso a alimentos seguros y nutritivos en condiciones de igualdad a toda la población y a cuyo impulso se dedicará una partida de 456.200 euros.

Garzón puntualizó que el ministerio seguirá avanzando en todas aquellas medidas destinadas a aumentar la protección de las personas consumidoras, como, según su punto de vista, ha hecho con el anteproyecto de ley de servicios de atención al cliente, e incrementará en un 50% los fondos destinados al desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo para mejorar las herramientas que tiene la ciudadanía para reclamar sus derechos de manera gratuita y universal.