A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ejecutivo subrayó que la Misión de Observación Electoral europea identificó “mejoras significativas” respecto a otras convocatorias electorales “en el desarrollo y transparencia” del proceso electoral, pero las calificó de insuficientes al persistir “graves deficiencias”.

Entre estas deficiencias señaló la inhabilitación arbitraria de candidatos de la oposición, el abuso de recursos del Estado, el acceso desigual a los medios de comunicación, la falta de independencia judicial y la falta de respeto del Estado de Derecho, a lo que se unió un alto grado de abstención.

Por todo ello, el Gobierno de España hizo un llamamiento a las autoridades venezolanas “a acabar con estas prácticas” identificadas por la Misión de Observación Electoral europea y a “retomar rápidamente las negociaciones con la oposición” para garantizar que las próximas elecciones presidenciales sean “plenamente libres y competidas”.

No obstante, el Ejecutivo de Pedro Sánchez valoró positivamente que estas elecciones regionales y locales contasen con la participación de la mayoría de los partidos políticos venezolanos y manifestó “su disposición a trabajar con los diferentes actores del sistema electoral” para cumplir con las recomendaciones que realiza el informe final de los observadores de la Unión Europea. El objetivo que España comparte es “asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales” en futuros procesos electorales en Venezuela.