El portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Ferran Bel, y el diputado Sergi Miquel explicaron esta propuesta en rueda de prensa un día después de que el Tribunal Supremo ratificara la obligación de los centros educativos catalanes de impartir un 25% de los contenidos en castellano.
Bel señaló que este tema no puede ser “un tema de voluntad política” del ministro o conseller de turno, después de que el responsable de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, atestiguara que la exministra del ramo, Isabel Celaá, le prometió que no instaría a la ejecución de la sentencia.
Constatando que “hay unos tribunales que están interpretando las leyes en un sentido”, opinó que, “o desde el Congreso establecemos leyes claras, explícitas y que no generen interpretación”, o “va haber partidos, asociaciones o familias que van a intentar judicializar el tema del catalán en las escuelas, cuando había sido una cuestión pacífica”.

Por tanto, dijo que “la responsabilidad del Gobierno y la Generalitat es que esta cuestión quede blindada”, no “en base a voluntades políticas sino en base a leyes claras y explícitas” que no dejen margen a la interpretación
Sergi Miquel detalló que la propuesta de su grupo pretende eliminar el apartado 1 de la disposición adicional 38 de la Lomloe, que actualmente reza así: “Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable”.
Miquel recordó que ya cuando se aprobó la ley que modifica la LOE con este redactado fruto de una transacción entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC él alertó de que éste “no blindaba la inmersión”, y ahora, con la sentencia del Supremo, “muy a mi pesar el tiempo nos ha dado la razón”.
Así, insistió en que, “si dependemos del compromiso de una ministra es que la inmersión no está blindada”, y por tanto pidió apoyo al resto de fuerzas políticas que defienden este modelo lingüístico para que “esta iniciativa salga adelante y corrijamos el error que cometimos” no blindando el sistema.
A preguntas de los periodistas, tanto Bel como Miquel insistieron en la tesis habitual de los partidarios de la inmersión de que todos los alumnos catalanes conocen el castellano tras ser educados en este sistema.
El segundo, además, dijo que le “parece grave” que el presidente del PP, Pablo Casado, haya propuesto “un 155 educativo” para imponer el cumplimiento de la sentencia del Supremo, y agregó que ni siquiera le haría falta la mayoría necesaria para poner en práctica dicho artículo. Igualmente, sugirió que los alumnos que quieran estudiar en castellano, como quienes piden tener formación religiosa o educación segregada por sexos, “deben pagárselo aquellos padres” que lo pidan matriculándoles en centros privados.