Con este acuerdo, añadió, el Ejecutivo regional inicia los trámites para que este organismo sustituya a la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos (AMTA), encargada hasta ahora de asumir las medidas de protección de las personas adultas incapacitadas judicialmente.

Este cambio viene obligado debido a las modificaciones introducidas en 2006 por la Convención de Nueva York para promover, proteger y asegurar la igualdad de derechos y libertades de las personas con discapacidad. Este documento indica a los Estados adecuar sus ordenamientos jurídicos para respetar la libertad de estos ciudadanos, fomentar su autonomía y sus derechos.

España ratificó el acuerdo en 2007 y realizó diferentes adaptaciones normativas que han culminado en junio de este año con la aprobación de la Ley 8/2021, que sienta las bases de un nuevo sistema basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad extrapolable al resto de la legislación civil y procesal.

La entrada en vigor de este texto normativo implica la desaparición del concepto de incapacidad y de la figura de la tutela como medida de protección para aquellas cuya capacidad había sido modificada judicialmente.

En consonancia con estas disposiciones, ahora la Comunidad de Madrid impulsa la creación de una nueva agencia pública que sustituirá a la AMTA -que lleva funcionando desde 1995-, elaborando un nuevo marco legal que se centre en el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas adultas que requieren apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y promoviendo su participación en la toma de decisiones y su máxima autonomía.

Así, la futura Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad tendrá como principales fines la defensa judicial de los residentes en la región a los que se haya iniciado un procedimiento de provisión de medidas judiciales de apoyo, el desarrollo de actuaciones para que puedan ejercer su capacidad jurídica con el alcance que determine la autoridad judicial o el propio interesado en escritura pública y la adopción de medidas de carácter urgente en los casos que lo requieran. También se fomentará la integración y normalización de las personas a las que se preste atención y la información y comunicación a la ciudadanía sobre el nuevo sistema de apoyos.

LEY DE SERVICIOS SOCIALES

Por otro lado, Ossorio informó de que el Consejo de Gobierno también autorizó hoy a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social para continuar con la tramitación del anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, un texto que sustituirá a la actual normativa –vigente desde 2003- y recogerá los cambios sociales, económicos y regulatorios ocurridos desde entonces.

Esta ley definirá y delimitará el derecho a la atención social dentro de un sistema público integrado que garantice el ejercicio efectivo de ese derecho; recogerá la cartera de servicios que se ofrecen al ciudadano en este ámbito; habilitará nuevos instrumentos y sistemas de gestión, estimulará la participación y contemplará la ordenación de los centros y servicios de atención social, entre otros asuntos.

El acuerdo autorizado especifica los trámites administrativos que aún deben completarse –informes sectoriales, de las Secretarías Generales Técnicas, de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, entre otros- antes de que el anteproyecto sea aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno y enviado a la Asamblea de Madrid para su discusión y aprobación por los grupos parlamentarios.