Esta medida, acordada este martes en el seno del Consejo de Ministros, pretende facilitar la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en las gasolineras e introducir mayor competencia al otorgar “total libertad” al titular de las estaciones de servicio abanderadas o franquiciadas a la hora de instalar estos servicios.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico justifican esta modificación en que la redacción actual de la Ley 34/1998 “no favorecía la competencia ni el despliegue de la red de puntos de recarga” en España.

“Hasta ahora, los titulares de estaciones de servicio abanderadas que debían instalar un punto de recarga podían verse obligados a incluir el servicio de recarga dentro del contrato de suministro en exclusiva, lo que podía suponer una barrera para la implantación de puntos de recarga”, explicaron desde la cartera dirigida por Teresa Ribera.

Por ello, el Gobierno ha aprobado una nueva limitación al alcance de los contratos de suministro en exclusiva de carburantes que liguen a los mayoristas con estaciones de servicio abanderadas o franquiciadas para que no puedan incluir cláusulas de exclusividad en lo relativo a la prestación de servicios de recarga de vehículos eléctricos.

“Con esta medida, por tanto, se eliminan barreras para el impulso de la recarga eléctrica, se facilita la consecución de los objetivos de descarbonización del sector transporte y se impulsa la industria de la automoción, que tiene un peso muy significativo en la economía española, en términos de valor añadido, exportaciones y empleo”, concluyeron desde el ministerio.

Desde el Gobierno sostienen ahora que está modificación permitirá cumplir con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que tiene como objetivo disponer de cinco millones de vehículos eléctricos en 2030, y para 2023 se ha establecido la meta intermedia de que circulen 250.000 vehículos eléctricos.

“Para alcanzar estas cifras es necesario incrementar los puntos de recarga pública de alta capacidad, de modo que se evite la ansiedad de autonomía –el temor a que la batería del vehículo se descargue totalmente durante el trayecto–, que frena muchas decisiones de compra de este tipo de vehículos”, concluyeron.

En este sentido, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya introduce la obligación de que las principales estaciones de servicio –con ventas anuales superiores a los cinco millones de litros– dispongan de puntos de recarga públicos.