Lo confirmó el propio Rubalcaba en rueda de prensa después de hora y media de reunión con los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en un encuentro que solicitó tras ser elegido secretario general del PSOE y que ha coincidido con la reciente aprobación de la reforma laboral.

La reunión tenía un componente “protocolario” de toma de contacto tras la elección de Rubalcaba pero habrá más contactos para intercambiar información y reflexiones sobre la reforma laboral, sobre todo de cara a la tramitación del texto como proyecto de ley tras la convalidación del decreto, prevista para la próxima semana.

El PSOE rechazará el texto y trabaja ya en una batería de enmiendas para intentar corregir “si podemos” los “errores e injusticias” que contiene, y algunas de ellas incorporarán las alternativas de los sindicatos.

Méndez y Toxo tienen reuniones ya programadas con los demás grupos parlamentarios para que sus posiciones y alternativas se trasladen en forma de enmiendas al trámite parlamentario, pero Toxo reconocía que confía sobre todo “en la presión de los trabajadores” en la calle y en la “voluntad de cambio de los ciudadanos”.

Rubalcaba criticó “las formas” del Gobierno y recordó su denuncia durante la campaña electoral sobre los planes del PP para que las pymes se puedan descolgar de los convenios, “aquí está”, pero subrayó sobre todo los “ataques contra los derechos de los trabajadores”.

En primer lugar, denunció, “se abarata de forma generalizada el despido” y el habitual será con 20 días de indemnización por año trabajado, algo que junto a la recesión actual generará más desempleo, “es una ecuación que no tiene ningún tipo de duda”.

Además, al dar el poder “y de qué manera” a los empresarios respecto a los trabajadores, rompe el equilibrio de las relaciones laborales construido en España desde la aprobación de la Constitución que permitió asentar la paz social, sobre la que invitó al Gobierno a reflexionar porque “también es productiva y competitiva”.

Finalmente, aunque el abaratamiento de los costes laborales es “un buen mecanismo” para incentivar la contratación, su efecto “se pervierte” al vincularlo en el contrato para emprendedores a un periodo de prueba de un año, que al finalizar tiene despido “sin un euro de indemnización” con la consecuente “tentación” de los empresarios de sustituir a ese trabajador por otro.

El PSOE percibe, además, “efectos colaterales indeseables” en la diferenciación de los incentivos a la contratación en función de la prestación por desempleo pendiente, de forma que quienes no hayan tenido contrato previo no podrán acceder a esa modalidad para emprendedores debido a la existencia de desempleados más atractivos para el empresario.

Es una reforma “de calado, pero desgraciadamente muy negativo”, ya que es “injusta”, además de “ineficaz”, para crear empleo en época de recesión y con efecto perjudicial en la demanda por la inseguridad que crea entre los trabajadores activos, señaló.

Los servicios jurídicos estudian el texto, explicó, y si detectan “algún vicio” de inconstitucionalidad el PSOE presentará recurso por la vía de los 50 diputados. Sólo lo hará si ve razones “sólidas” de que pueda prosperar, no buscando titulares atractivos en la prensa.

Por el momento, el PSOE se centrará en la oposición parlamentaria a la reforma, preservando el carácter sindical de las movilizaciones ya convocadas, a las que irán socialistas a título individual y probablemente alguna representación de la dirección que aún no está decidida y que en ningún caso será el propio secretario general.

Méndez coincide con Rubalcaba en que el texto aprobado por el Gobierno “va más allá” de una mera reforma laboral al incluir elementos que “alteran nuestro modelo de convivencia” al modificar los equilibrios de las relaciones laborales.

De hecho, los sindicatos también perciben “tachas de inconstitucionalidad”, por ejemplo en la “discriminación” que materializa la contratación en empresas de menos de 50 trabajadores respecto al resto, y en ello trabajan los servicios jurídicos de UGT y CCOO.

La referencia de las alternativas que los sindicatos defienden frente a esta reforma es la inciativa legislativa popular que llevaron meses atrás al Parlamento con el respaldo de más de un millón de firmas, y sobre ellas confían en que el texto del Gobierno sea “corregido” en el trámite parlamentario.