Bildu informó en un comunicado de que junto con ERC se aprobó una enmienda transaccionada en el marco del proyecto de ley que recoge la primera parte de la reforma de pensiones por la que las pensiones mínimas se tendrán que vincular a la evolución del SMI.

“El Gobierno impulsará en el plazo máximo de un año las modificaciones normativas necesarias para establecer reglas relativas a la evolución de las pensiones mínimas que tengan en cuenta la evolución del Salario Mínimo Interprofesional, garantizando la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones”, según reza el texto de la enmienda conocido por Servimedia. Esta enmienda recibió 21 votos a favor, 16 en contra y ninguna abstención.

Además, salió adelante la enmienda conjunta de ambas formaciones para realizar una auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, de manera que en un mes como máximo desde que se apruebe la Ley de garantía del poder adquisitivo -este primer paquete de medidas- se deberá encargar la elaboración del informe.

También se aprobó la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley para simplificar y racionalizar los costes, y “con el objeto de asegurar el actual nivel de prestaciones públicas del régimen de reparto en el que se fundamenta nuestra Seguridad Social medido por su tasa de reemplazo”, según el texto.

Bildu se abstuvo en la votación final sobre el informe de la ponencia relativo al proyecto de ley que recoge la primera parte de la reforma de pensiones y que incluye la vuelta a la revalorización de las prestaciones con el IPC o el fomento del retraso voluntario de la jubilación.

En el comunicado, la formación que lidera Arnaldo Otegi señaló que la abstención es “crítica” al considerar que las medidas de la reforma son insuficientes.

Por otra parte, el PDeCat informó en un comunicado de las enmiendas que propuso y salieron adelante, como prolongar la edad de jubilación forzosa de notarios y registradores hasta los 72 años y una nueva disposición adicional para corregir el agravio ocurrido en relación con las largas carreras de jubilación y su acceso a la jubilación anticipada de forma involuntaria, mediante un informe que elaborará el Gobierno en el plazo de un año relativo al complemento para la mejora de las pensiones de jubilación con al menos 44 años y seis meses de cotización que hayan accedido a la jubilación de forma anticipada entre 2002 y 2021.

Además, a propuesta del PDeCat, se han incorporado al texto sus propuestas sobre aspectos relacionados con la protección social de las personas con discapacidad, para poder incorporar mejoras en la segunda fase de la reforma de las pensiones el año que viene.

El diputado Genís Boadella destacó que “el colectivo de personas con discapacidad presenta mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo”, como las personas con parálisis cerebral, con trastorno de la salud mental o con discapacidad intelectual, incluidas las personas con trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, así como las personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.