Uno de esos beneficios es el que establece el ingreso de los expresidentes como miembros vitalicios del Consejo de Estado.

La iniciativa se discutirá en el Congreso una semana después de que el último expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se haya incorporado a la citada institución.

Esta no es la primera vez que UPyD presenta una propuesta de estas características. en julio de 2011 fue sometida a pleno una iniciativa para impedir que los expresidentes pudieran compatibilizar sus ingresos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado con otros de empresas privadas, como ocurre con Felipe González y José María Aznar. La mayoría formada por el PP y el PSOE en esa fecha impidió que la propuestas saliera adelante en la Cámara Baja.

UPyD indica en su proposición no de ley que los Presupuestos del año pasado preveían 238.010 euros para los expresidentes Adolfo Suárez, González y Aznar, a razón de unos 80.000 euros para cada uno de ellos, cifra a la que hay que añadir igual dotación para Zapatero.

El régimen que afecta a los expresidentes se estableció en 1983 y ha ido mejorando. En un principio recibían una asignación de 15.000 euros anuales para gastos de oficina, atenciones sociales y alquileres de inmuebles, durante cuatro años.

Más tarde esos gastos adquirieron la condición de vitalicios. Además, se les reconoció el derecho a una pensión indemnizatoria y se creó al figura del consejero de Estado vitalicio para ellos.

Todos estos ingresos son compatibles con los que obtengan como consejeros o asesores de empresas privadas. Es el caso de González, que recibe 126.000 euros anuales como consejero de Gas Natural, y de Aznar, que cobró 171.000 euros de Endesa.

UPyD entiende que esta concurrencia de retribuciones públicas y privadas puede ser "susceptible de ser considerada como claramente abusiva", en especial en una situación de crisis que está motivando recortes que afectan a la gran mayoría de ciudadanos.

En conclusión, UPyD quiere fijar un "límite temporal a las prerrogativas" de los expresidentes y fijar un régimen de incompatibilidades entre retribuciones públicas y privadas.