En este sentido, se refirió a la implantación de la Oficina Judicial y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, “que permita superar los actuales problemas de interconexión e interoperatividad entre las infraestructuras informáticas desplegadas por el CGPJ, el Poder Judicial y las comunidades autónomas que tienen asumidas las competencias en materia de justicia”.

Durante su intervención en el citado encuentro informativo, organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, Ibarra reclamó también la “más que urgente reforma de la Planta Judicial, que permita el establecimiento de tribunales de primera instancia y la separación de la separación bicentenaria entre juez, juzgado y partido judicial”.

En esta reforma debe incluirse necesariamente la revisión en profundidad de la fase de instrucción penal, que aborde la concesión de nuevas atribuciones al ministerio fiscal.

MÁS COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN

También abogó por subsanar las deficiencias en la coordinación y cooperación, así como evitar duplicidades y “paralizantes burocratismos” entre el Ministerio de Justicia y el CGPJ.

El juez vasco alertó sobre la “importante brecha social” entre la justicia establecida en las leyes y lo que para una parte significativa de la sociedad se tiene como "lo que es de justicia o aquello a lo que no hay derecho”.

Esta línea de incomprensión se alimenta, a su juicio, cuando la respuesta judicial no resulta inteligible o cuando la justicia de las leyes no alcanza a reparar de forma satisfactoria una situación de injusticia que es socialmente percibida como notoria.

“Esta brecha muestra una tendencia a expandirse, hasta llegar a afectar seriamente a la calidad de nuestra democracia”, dijo, y opinó que "el reajuste entre las expectativas de las sociedad y la dinámica del actual sistema de justicia opera, por un lado, a partir de una más intensa comunicación entre la judicatura y la comunidad de juristas y, por otro lado, del acuerdo y el consenso entre los actores políticos principales, dirigido a excluir el empleo del sistema de justicia como un campo de confrontación que acabe contaminando a los jueces con la cualidad de adversarios políticos”.

“La actual brecha entre las expectativas de la sociedad y la realidad de nuestro sistema de justicia exige el consenso político que permita la adopción de acuerdos y la continuidad de proyectos de modernización, de forma que la mejora de la justicia no dependa de la alternancia en los gobiernos", dijo.

SENTENCIAS INTELIGIBLES

Además, no cree que el juez deba comunicarse con la sociedad “exclusivamente” a través de las sentencias, sino que las resoluciones que el juez hace públicas deben estar redactadas en un lenguaje “socialmente inteligible”.

Sobre los casos que provocan alerta social, indicó que la sentencia es recibida como un estricto acto de voluntad y autoridad judicial, con autoridad para analizarse o imponerse, sin otra posible reacción más allá del deber constitucional de cumplir y de hacer cumplir las resoluciones firmes de las autoridades judiciales.

La clave para el presidente del TSJPV está en “integrar la búsqueda de la aceptabilidad social en la misma finalidad constitucional a la que sirve la motivación de las sentencias, entendida esta tarea como la que pone al descubierto la potencialidad de las sentencias para ser aceptadas como razonables por la comunidad jurídica”.