Lo hizo en dos preguntas que respondió en su primera sesión de control al Gobierno en el Senado, que le formularon respectivamente María Rieradevall, de CiU, y Luis Aznar, del PP. La primera indagó cómo tiene previsto el Ejecutivo reglamentar el internamiento de extranjeros en los CIES, que recordó no es de carácter penitenciario.

Fernández Díaz explicó que ese reglamento estaba previsto para el primer semestre del año pasado, pero que el Gobierno socialista no lo llevó a cabo, y anunció que éste ya ha constituido un grupo de trabajo para hacerlo "lo más rápido posible" con el mayor consenso parlamentario que pueda conseguir.

"No puedo avanzar una fecha pero es una prioridad", subrayó Fernández Díaz, quien no obstante quiso puntualizar que los CIES, aunque no sean centros penitenciarios, son perfectamente legales y, "en la medida en que nuestras fronteras son permeables, son absolutamente indispensables" para la seguridad de España; siempre, por supuesto, garantizando la dignidad a los inmigrantes, que son, "ante todo, seres humanos".

En su réplica, Rieradevall deseó que ese reglamento acabe con prácticas que se han denunciado en los CIES, como los abusos de autoridad y el hacinamiento, y que establezca claramente que el internamiento ha de ser una medida cautelar antes de la expulsión, cuando hasta la fecha más de la mitad de los internados no fueron expulsados. El ministro situó ese porcentaje por debajo del 30% y citó una encuesta del Colegio de Abogados de Cataluña que ensalzaba al CIE ubicado en esta comunidad.

A la pregunta de Aznar, que se limitaba a pedirle una valoración sobre la importancia de las nuevas tecnologías en la prevención del delito, Fernández Díaz afirmó que es "indispensable y esencial afrontar la delincuencia del siglo XXI con los instrumentos del siglo XXI".

En este sentido, anunció la elaboración de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad para hacer frente al ciberterrorismo, potenciar las unidades especializadas en este tipo de delitos (en especial la Brigada de Delitos Tecnológicos), dotar de la máxima tecnología a la Policía Científica, reforzar la vigilancia por satélite y promover la colaboración público-privada contra amenazas como las del colectivo Anonymous.