Los dos magistrados ocuparán sus puestos poco más de medio año, puesto que en junio de 2022 expira su mandado y el Constitucional tendrá que elegir a sus sustitutos. Además, en esa misma fecha está prevista la renovación de otro tercio de los miembros del TC, el que corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Gobierno.

En caso de que la renovación del Consejo no se haya producido en esa fecha, la sustitución de esos magistrados quedará en suspenso en aplicación de la reforma que impulsaron PSOE y Unidas Podemos, en virtud de la cual el CGPJ no podrá realizar nombramientos si está en funciones.

Trevijano es catedrático de Derecho Constitucional y exrector de la Universidad Rey Juan Carlos, y en estos meses tratará de rebajar la tensión en el seno del TC y de alejarlo de las luchas partidistas para preservar su independencia y el prestigio de la institución, según indicaron fuentes del TC.

En esa renovación de junio, el Consejo deberá designar a dos nuevos miembros y el Gobierno a otros dos, pero son nombramientos que deben realizarse a la vez y que, de no llevarse a cabo, supondrían impedir una mayoría progresista en el tribunal de garantías. En la actualidad, siete de los miembros del TC son conservadores y cinco son progresistas.

El comportamiento de los cuatro nuevos miembros del Constitucional estará bajo la lupa en estos meses por la cercanía de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel al PP y de Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez, a las formaciones que forman parte del Gobierno: PSOE y Unidas Podemos.

Su actuación será decisiva en asuntos que el TC tiene sobre la mesa y que tienen una carga política mayúscula, como es el caso de los recursos planteados por Carles Puigdemont o los que están pendientes con contra de la sentencia del ‘procés’. También los presentados contra la reforma del CGPJ, la eliminación de subvenciones a colegios que segregan por sexo o los que pesan sobre la ley de eutanasia o la legislación sobre el aborto.

Precisamente, el recurso sobre la ley del aborto tiene un futuro incierto. Su ponente, el magistrado conservador Andrés Ollero, era partidario de tumbar la ley de plazos, pero ahora deberá designarse un nuevo ponente que podría cambiar el criterio.

CURRICULUM

González Trevijano se licenció en Derecho por la Universidad Complutense en 1980. Siete años después se doctoró con premio extraordinario. A partir de 1998 fue catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Extremadura y, más tarde, catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Entre 1998 y 2002 fue subdirector general del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Después, de 2000 a 2013, ejerció de vocal de la Junta Electoral Central, y entre 2002 y 2013 fue el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, siendo presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas entre 2006 y 2009.

Además, ha sido vicepresidente de la Comisión de Ética del Comité Olímpico Español, vocal de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), magistrado del Tribunal Constitucional y académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Autor de más de una veintena de libros, está en posesión de la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, de la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort y de la distinción de Caballero de la Orden de las Palmas Académicas por la República Francesa, Medalla al Mérito Policial.

También es doctor Honoris Causa por la Universidad de Tarapacá de Chile (2006); por la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú (2007) y por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú (2010).

Por su parte Juan Antonio Xiol Ingresó por oposición en la Carrera judicial en 1971. Desempeñó el cargo de juez de Primera Instancia e Instrucción, sucesivamente, en Cervera (Lérida), en Terrassa y en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). En 1976, por oposición, obtuvo el título de Magistrado especialista en lo Contencioso-administrativo, cargo que ejerció en las Salas de Bilbao y de Barcelona.

En 1978 fue designado magistrado adjunto al presidente del Tribunal Supremo. En 1982, también por oposición, obtuvo plaza como letrado del Tribunal Constitucional, sin perder sus derechos en la Carrera judicial. Fue secretario General del Tribunal Constitucional desde 1982 hasta 1986. En 1986 fue nombrado director general de Relaciones con la Administración de Justicia (Ministerio de Justicia).

En 1987 se convirtió en magistrado del Tribunal Supremo, como especialista de la Sala de lo Contencioso-administrativo. Más tarde fue designado por el Senado vocal del Consejo General del Poder Judicial, donde fue presidente de la Comisión de Estudios e Informes.

En 1996, por renuncia al cargo de vocal del Consejo General del Poder Judicial, se reincorporó al Tribunal Supremo, desempeñando la función de magistrado de su Sala Tercera. De ahí, paso a ser en 2005 presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, cargo que ejerció hasta junio de 2013 en que fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional, cargo que ejerce en la actualidad. También fue presidente de la Junta Electoral Central.

Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, el premio Pelayo para juristas de reconocido prestigio XV edición, año 2009, y la Gran Cruz de la Orden de Isabel La Católica. Ha participado en numerosas conferencias sobre temas jurídicos, así como en la elaboración de artículos y libros diversos.