Esta declaración había sido solicitada por el abogado Antonio Urdiales, que ejerce la acusación popular, con el objetivo de aclarar cuál fue el papel de la Policía Nacional en la llegada de Gali a la base aérea de Zaragoza el pasado 18 de abril. El líder del Polisario entró en el país sin que los agentes de control de pasaportes comprobaran su identidad e ingresó de inmediato en el hospital San Pedro de Logroño (La Rioja) con un cuadro grave de Covid.

Según la investigación, Gali llegó a bordo de una aeronave del Gobierno argelino y portaba documentación falsa. El dirigente saharaui estaba reclamado en la Audiencia Nacional por un delito de torturas y lesa humanidad. De hecho, el juez Lasala ya preguntó al juez Santiago Pedraz, que instruye esta causa, sí había cursado orden de detención en su contra antes de su llegada a España.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional respondió que en la fecha de la llegada de Gali a la base aérea de Zaragoza no había dictado ninguna "medida cautelar ni requistoria", pese a lo cual en el mes de febrero Pedraz se dirigió a la Comisaria General de Información para que lo localizaran. Así que sobre esta petición también se interrogará al comisario.

La Policía Nacional contestó al magistrado en su día que no había podido identificar a Gali, a quien situaban en los campamentos saharauis de Tinduf, una localidad argelina próxima a la frontera con Marruecos, y lo calificaron como el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Por otro lado, la Policía del aeropuerto de Zaragoza ya comunicó en un escueto informe al juez Lasala de que no acudieron al lugar donde aterrizó el avión del Estado de Argelia en la Base Aérea para comprobar la identidad de los ocupantes: el líder saharaui, Brahim Gali, y su hijo, que fueron trasladados por una ambulancia del Gobierno de La Rioja al hospital de Logroño en el que ingresó el pasado 18 de abril.