Así lo subrayó el secretario general y portavoz de la CEE, Luis Argüello, en la rueda de prensa final a la asamblea, que se produjo este viernes en Santiago de Compostela, donde los prelados acudieron como peregrinos con motivo del Año Santo Compostelano.

Según informó el Episcopado español, se trata de la primera Conferencia Episcopal en el mundo que aprueba este un conjunto de normas para afrontar los casos de abusos sexuales contra los menores de edad y personas que tienen habitualmente un uso “imperfecto” de razón. El decreto también garantiza los derechos de todas las partes clarificando aspectos que antes se interpretaban por analogía jurídica.

Este decreto incorpora ya las modificaciones que la Santa Sede introdujo sobre esta materia en el libro VI del Código de Derecho Canónico, que regula las penas y que fue presentado el pasado 1 de junio de este año. El decreto general entrará en vigor en el momento en que reciba la ‘recognitio’ de la Santa Sede. Se trata de una “puesta al día” de la normativa, en línea también con el ‘vademécum’ que redactó el Vaticano, añadió Argüello, con orientaciones a los episcopados para afrontar los abusos en el seno de la Iglesia.

“Todas estas novedades tienen que ver con la mejora del procedimiento para asegurar que las denuncias puedan ser juzgadas con las características que todo derecho penal lleva consigo, atención a las víctimas, presunción de inocencia de agresores, seguridad jurídica en el proceso y una ampliación de plazos de prescripción y de penas”, explicó el portavoz sobre el nuevo decreto.

“No estamos por la labor de hacer estudios de carácter sociológico y estadístico”, matizó Argüello, que apuntó que los obispos proponen una atención a la víctima de forma “personalizada” y “mirar a los rostros concretos” de cada caso. “Nuestra opción", prosiguió, “es la puesta al día de nuestra normativa canónica” y mejorar la coordinación de las oficinas diocesanas.

En este sentido anunció que anualmente elaborarán un balance de su trabajo y que hasta la pasada primavera las oficinas, durante sus primeros meses en funcionamiento, habían recibido a 50 personas. En cuanto a denuncias que han llegado a Roma, en la última década habrían sido unas 220. “Incluso sumando todos los casos que han salido que se remontan a un periodo de 80 años, seguramente no pasen de mil. Y en esos años ha habido cientos de miles de sacerdotes y religiosos y millones de niños con relación con la Iglesia”, dijo.

FOCO

También subrayó que la Iglesia española trabaja desde 2010 “contra los abusos sexuales, de poder y de conciencia” y que estadísticas como las de la Fundación Anar, sobre los casos de abusos sexuales a menores en la última década atribuyen a “personas vinculadas a la Iglesia” un 0,8% del total de los casos, no necesariamente perpetrados por sacerdotes, “mientras los abusos siguen creciendo en la sociedad”. “¿Por qué el foco en la Iglesia católica? ¿Se ha pedido una investigación al Comité Olímpico o a la Fifa?”, cuestionó, subrayando que a pesar del “mínimo" número de menores abusados en el seno de la institución es doloroso.

Argüello también reconoció que “no hay que bajar nunca la guardia” y que en las diócesis se está haciendo “una investigación activa”. “También la Iglesia está descentralizada”, comparó y recordó que la CEE no tiene autoridad sobre las diócesis. “Somos conscientes de que estos pecados y delitos de abuso quiebran la credibilidad de la iglesia”, zanjó.

También en relación a la protección de menores, la Asamblea Plenaria ha concretado la formación y el trabajo del Servicio de coordinación y asesoramiento para las oficinas diocesanas de protección de menores y se han recogido las aportaciones de los responsables de las oficinas diocesanas o provinciales con las que tuvo lugar un encuentro en Madrid el pasado mes de septiembre.

En esta reunión, de carácter técnico, se vislumbró la necesidad cada vez más amplia de acoger a todo tipo de personas que solicitan ayuda por abusos que han tenido lugar en otros ámbitos. También se habló de los servicios comunes que puede ofrecer la CEE para facilitar el trabajo de estas oficinas. Para ello, la Asamblea Plenaria, ha estudiado la formación de un equipo de personas en la Conferencia que pueda ayudar y prestar los servicios que las oficinas demanden.

PRESUPUESTOS

Durante la rueda de prensa también se presentaron los presupuestos aprobados en la Asamblea para 2022. Así, la CEE prevé destinar 295 millones de euros al Fondo Común Interdiocesano, lo que supone diez millones de euros más que en 2021, un 3,5% más. Estos fondos canalizan la distribución de la asignación tributaria a las diócesis españolas y otras realidades eclesiales.

El responsable de Asuntos Económicos del Episcopado, Fernando Giménez Barriocanal, indicó que de ese total, 25 millones se destinan a pagar la seguridad social del clero y 6,7 van directamente a la labor de Cáritas.

Asimismo, señaló que en las cuentas del año que viene los obispos no destinarán fondos al grupo de comunicación Ábside, que aglutina a Cope y Trece, porque estos medios ya han adquirido independencia económica.