Delgado se refirió a esta cuestión al comparecer en la Comisión de Justicia del Senado para explicar la Memoria de la Fiscalía de 2020 y responder a otras cuestiones, como el problema de la ocupación de viviendas o la independencia del Poder Judicial.

A este respecto, la fiscal general señaló que consideraba su obligación alertar de “algunos peligros” que acechan a la Justicia española, como que los tribunales se conviertan en un “campo de batalla” y “lugar de enfrentamiento político”.

Indicó que puede erosionar las instituciones y originar un “conflicto innecesario y peligroso” que se use el derecho a la tutela judicial efectiva para trasladar a los juzgados la batalla política.

“MAYORES CUOTAS DE AUTONOMÍA”

Sostuvo que es “obligación” de la Fiscalía el usar “todos los mecanismos legales” a su alcance para evitar esa “deriva” en la politización de la acción de los tribunales, puesto que la actuación de la Justicia debe orientarse a la defensa de la ciudadanía.

Por otra parte, Delgado reclamó más autonomía de actuación, organizativa y económica para su institución si termina encargándose de la instrucción de las causas penales. “Reclamo y exijo mayores cuotas de autonomía”, dijo la fiscal general, quien añadió que esto redundaría en una mayor eficacia.

Asimismo, la responsable del Ministerio Público llamó la atención sobre el aumento en España del odio por “motivo ideológico”, que, destacó, puede observarse en las redes sociales con la “indeseable polarización” de debate político.